Argentina insiste en que no habrá suspensión de pagos

"Default (suspensión de pagos) es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños", pidió anoche el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pocas horas después de que el juez de Nueva York Thomas Griesa rechazara una suspensión del dictamen que obliga a cancelar sus obligaciones a los fondos especulativos por valor de 1300 millones de dólares.

Argentina quiere entablar una negociación con los llamados 'buitres' sin violar las condiciones acordadas con el 92,4% de los acreedores que aceptaron en el 2005 y 2010 aceptaron una reestructuración de las deudas. Pero Griesa se ha mostrado inflexible y el 30 de julio vence el periodo de gracia estipulado para llegar a un acuerdo. Si eso no ocurre, el país entrará en 'default'. Si bien la situación no es la misma que la suspensión de pagos de diciembre del 2001, la posibilidad de ese desenlace genera inquietud global.

El Estado argentino giró el pasado 30 de junio al Bank of New York Mellon (BoNY) 539 millones de dólares en concepto de un vencimiento de la deuda con los bonistas a los que viene pagando puntualmente como parte de los acuerdos precedentes. Pero el juez ordenó que no se haga efectivo el cobro hasta que no se resuelva la disputa con los fondos especulativos.

Negociaciones intensas

Durante la audiencia de este martes, Griesa consideró que sería "muy desafortunado" el escenario de una suspensión de pagos. El juez dispuso que representantes de los 'fondos buitres' y del Gobierno argentino se reúnan "continuamente" y a partir de este miércoles con el mediador Daniel Pollack hasta que se alcance una solución. Jonathan Blackman, uno de los representantes legales de este país, ha afirmado que aunque se desarrolla una negociación permanente "simplemente no se puede lograr (un acuerdo) para fines de mes".

En este contexto, el Gobierno, a través de su Ministerio de Economía, ha pedido al juez que deje "cobrar a sus legítimos dueños" los fondos depositados por Argentina y ha lamentado la "insólita prohibición de cobro". A su vez, ha reiterado que es imposible realizar una oferta a los fondos especulativos que sea mejor que lo ya ofrecido a la mayoría de los acreedores. Tal pago, advierte el Ejecutivo, violaría tanto la ley argentina como la cláusula RUFO por el cual los bonistas podrían exigir las mismas condiciones que benefician al pequeño grupo de fondos que han litigado en el tribunal de Nueva York. Tal violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares.

El llamado 'juicio del siglo' genera enorme expectación en círculos políticos y financieros porque puede condicionar futuras reestructuraciones de deuda de otros países. Según el Gobierno, "los fondos buitres son células financieras especulativas que tienen sede en guaridas fiscales para no pagar impuestos, ni siquiera en Estados Unidos. Nunca le prestaron dinero a Argentina, sino que adquirieron los títulos a precio vil tras el 'default' del 2001 con el único objetivo de conseguir un tratamiento especial, mejor que los que ingresaron a los canjes".