Andreu imputa a 78 usuarios de tarjetas opacas en Caja Madrid y Bankia

Tiraron de tarjeta sin medir gastos y ahora tendrán que declarar como imputados ante el juez Fernando Andreu por los delitos de apropiación indebida o administración desleal. Son los 78 exaltos cargos de Caja Madrid y Bankia que gastaron 15,2 millones de euros entre el 2003 y el 2012 con sus tarjetas opacas al fisco y al control de las entidades en las que trabajaban. El magistrado, no obstante, ha establecido dos grados de responsabilidad. Ha citado a declarar entre el 16 y el 18 de febrero a los 27 miembros del consejo de administración que decidieron este modo de retribución «irregular» y ha imputado a los otros 51 que, sin ostentar esta responsabilidad, usaron las tarjetas black para sus gastos personales.

La existencia de este sistema de retribución se conoció a finales del pasado año después de que Bankia llevara a cabo una auditoría interna que recogía casi 5.000 movimientos de las tarjetas por los ahora imputados por Andreu. El juez ya interrogó a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y de Bankia, Rodrigo Rato, respectivamente, y al exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj por estas tarjetas e impuso fianzas civiles a los dos primeros por un importe de 19 millones.

El desglose de estos gastos ruborizó a sus usuarios al conocerse sus gustos en restaurantes de lujo, tiendas de marca, joyas, viajes, centros comerciales, y sus visitas a los cajeros automáticos. Por ejemplo, José Antonio Moral Santín, de IU, sacó 465.000 euros en efectivo con su tarjeta opaca y Rato 17.000 euros.

DOCTRINA DEL SUPREMO

Andreu acordó ayer meter en aprietos a estos banqueros a petición de las acusaciones populares y de la fiscalía anticorrupción que en principio, no era partidaria de imputar a todos los usuarios sino solo a los exmiembros de los consejos de administración porque ellos «tenían la capacidad de decidir» las retribuciones, según fuentes fiscales. Pero el togado prefirió tirar por elevación al contar con una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que consolida otras anteriores, en la se afirma que «el más elemental sentido común impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos personales».

Basándose en este fallo, el magistrado explica en su resolución que la investigación busca dilucidar «el concepto por el que se emitieron y entregaron» estas tarjetas opacas. También asegura que dichos instrumentos se emitieron «fuera del circuito ordinario de las de empresa». Y que además ni tenían «soporte contractual» en los contratos de trabajo, ni estaban previstas en los estatutos de las entidades, ni fueron acordadas por los órganos de gobierno de Caja Madrid o de Bankia.

ACTAS DEL CONSEJO

Asimismo, Andreu subraya que este dinero de plástico no tenía como finalidad hacer frente a los gastos de representación de los imputados. Por ello, sostiene que se usó como «retribución  irregular» que además no se declaró a Hacienda. Estos salarios tenían un límite mensual que variaba en función del cargo del titular en estas entidades. Los beneficiarios podían disponer libremente de ellas, ya que no tenían que justificar ningún gasto.

Andreu recoge en su resolución un acuerdo del consejo de administración de Caja Madrid de 1988 en el que se resuelve crear un sistema «para compensar los esfuerzos y dedicación» de los exdirectivos a la entidad para cubrir, «al menos los costos en que incurrían por el ejercicio de su función». Este sistema se consolidó en 1994 en el que estableció otorgar tarjetas opacas a los consejeros y a altos miembros de la dirección.

Las conclusiones del juez están refrendadas por varios correos electrónicos de Blesa que se han incorporado a esta investigación. En uno de ellos, el exsecretario del consejo de Caja Madrid Enrique de la Torre explicó a su sucesor en el 2009 que cada miembro de este órgano disponía de «una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales» de 25.000 euros, excepto el presidente «que tenía cobertura de 50.000».

El juez cita como testigos a los cuatro exconsejeros que no hicieron uso de las tarjetas opacas. Y es que Andreu no entiende que estas personas no las usaran si eran parte de su salario -como han defendido en el juzgado Blesa y Rato- o que otros no agotaran los saldos de las mismas. Tampoco comprende que la entidad se quedase con este dinero y que no se lo transfiriera a los titulares de las tarjetas.

También ha citado como testigos al expresidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, al que Blesa atribuyó la creación de las tarjetas black, y al director de la auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, que descubrió este sistema de pago.

OTRA CAUSA

Paralelamente, Anticorrupción ha presentado una denuncia contra Blesa y otros exmandos de Caja Madrid en los juzgados de Madrid tras recibir un informe del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que pedía que se investigara una retribución «excesiva» de los miembros del consejo de administración como el pago de 1,96 millones a Ricardo Morado por su cese. También pedía que se dilucidará el pago por parte de la entidad de los gastos fiscales de los planes de pensiones de estos banqueros y la indemnización de 2,7 millones que percibió Blesa en el 2010 para que, en el caso de abandonar la entidad, no se fuera a trabajar a la competencia. La fiscalía ha optado por no mezclar este caso y el de las tarjetas.