Andorra se abre a señalar a evasores españoles

La justicia de Andorra está en deuda con la justicia española y eso podría servir para desbloquear casos que España está investigando como el origen de los fondos y los flujos de movimientos de la fortuna de los Pujol en Andorra. Esa es la primera conclusión que se puede extraer tras una semana de infarto en el Principat con la entrada en prisión sin fianza, por primera vez en la historia de este pequeño país siempre bajo la lupa por su condición de seudoparaíso fiscal, de un reconocido banquero acusado de blanqueo continuado de capitales de procedencia presuntamente ilícita a escala internacional.

Un encarcelamiento que es la primera respuesta a la fuerte presión de las autoridades estadounidenses que la semana pasada pusieron en la picota a todo el sistema financiero andorrano por sus presuntas relaciones «sospechosas» con reconocidos criminales internacionales. «La pelota está ahora en el tejado de Andorra. Les toca mover el balón», explican a este diario fuentes judiciales de toda solvencia.

La colaboración de las autoridades judiciales hispano-andorrana ha sido indiscutible en estos últimos días. Y ha pivotado fundamentalmente entre el fiscal jefe de Andorra, Alfons Alberca, y tres destacados fiscales de de la Fiscalía Anticorrupción española.

El pasado día 10 de marzo, el Tesoro de EEUU puso contra las cuerdas a la Banca Privada de Andorra difundiendo un informe demoledor en el que se detalla el centrifugado de dinero procedente de la mafia china, la mafia rusa, el narcotráfico mexicano y destacados jerarcas del chavismo. El miércoles el fiscal Alberca completaba una comisión rogatoria internacional solicitando datos concretos sobre declaraciones y material incautado en los casos Emperador y Clotilde, relacionados con la mafia china y la mafia rusa, y que pudieran ser claves en la investigación sobre el funcionamiento del BPA.

Ni 24 horas después, el fiscal general de Andorra recibía declaraciones, informes policiales, las agendas del empresario Rafael Pallardó con anotaciones de presuntas comisiones entregadas al exconsejero delegado del BPA Joan Pau Miquel Prats.

Y recibía también un muy valioso testimonio localizado en el disco duro de uno de los ordenadores de este blanqueador profesional de grandes fortunas, una grabación de 45 minutos realizada con cámara oculta en la que el gestor del BPA Mauricio Escribano y una mujer china que hacía a las veces de traductora y enlace entre la red de Gao Ping y el financiero, detallaban los mecanismos de blanqueo de la entidad andorrana.

Celeridad española

«Es la comisión internacional complementada en el menor tiempo de todos los tiempos», indicaban las mismas fuentes. Desde España también se colaboró para que al día siguiente Rafael Pallardó se presentara a las nueve de la mañana en el despacho del fiscal general de Andorra para hacer una declaración contando «abundantes detalles» de cómo funcionaba BPA. «Pero no solo con el dinero de Gao Ping», advierten los mismos interlocutores.

Horas después de esa «rica declaración» el fiscal Alberca firmaba la orden de detención de Joan Pau Miquel. Y solicitaba a la Policía de Andorra que se localizaran para tomarles declaración como testigo a las dos personas que junto al cuñado de Gao Ping aparecen en el video, la mujer china, que hace tres años que reside fuera de Andorra y España, y a Mauricio Escribano López, que ese mismo día se comprometió a acudir voluntariamente a la comisaría de Andorra a declarar. En contra de lo que ayer publicó este diario, no hay orden de detención contra esas dos personas, sino una citación para que declaren.

Respuesta de Andorra

¿Y qué espera ahora España? «La misma celeridad en uno de los temas que más interesan en estos momentos, el origen de los fondos y flujos de movimientos de la fortuna de la familia Pujol Ferrusola en Andorra», indica fuentes judiciales.

Pero no solo esperan celeridad con los Pujol. También hay otras investigaciones abiertas en casos de corrupción o de crimen organizado en las que tradicionalmente ha costado siempre mucho que Andorra facilitara datos fiscales, alegando que su sistema judicial no recoge el «delito fiscal» y por tanto el secreto bancario les amparaba para no entregar esa información. «Las cosas han cambiado esta semana», indican las mismas fuentes.

En estos momentos, el BPA está acusado de ser una entidad bancaria al servicio del blanqueo de capitales y hay un fiscal y una jueza que tienen acceso a toda la operatividad interna de ese banco. «Ha llegado el momento del Quid pro quo», indican las mismas fuentes.