Un cliente muestra una hoja con información sobre la huelga de farmacias, ayer, en una botica de la calle Espronceda de Barcelona. Joan S. Puig Pasqual

No solo la Generalitat acumula impagos que desembocaron en el cierre de farmacias de ayer. La mora es un problema endémico del sector público. El Gobierno central debería haber realizado la transposición de una directiva de la Unión Europea (UE) en materia de morosidad antes del próximo 16 de marzo. De lo contrario, se arriesga a ser sancionada como país, avisa el portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete.

Los indicios apuntan a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ocupado en muchos frentes, podría incumplir los plazos dado el tiempo que queda. "El vicepresidente y comisario de Industria de la UE, Antonio Tajani, lo ha advertido varias veces a los países: Si no adoptan esas normas pueden ser sancionados", afirma Cañete, que también es secretario general de la patronal catalana Pimec.

La nueva directiva de morosidad, en cuya elaboración participó Pimec, pretende combatir el retraso en los pagos de las operaciones comerciales en la UE y sustituye a la que regía desde el año 2000. En la misma se reconoce a las administraciones como los mayores contratadores. El plazo de pago general establecido es de 60 días. Desde enero, la deuda con las farmacéuticas ya supera los 2.000 millones de euros

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