Acciona pide mantener la ATLL a la espera de un fallo firme

Acciona presentó ayer varias alegaciones ante la Conselleria de Territori i Sostenibilitat para que mantenga la validez del contrato de la privatización de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) y evite decisiones interinas que «puedan perjudicar al servicio» y a las arcas de la Generalitat. La compañía exige que se mantenga «en todo caso» la validez del contrato hasta que se resuelvan «por sentencia firme» los recursos planteados contra la resolución del Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals (OARCC) del 2 de enero del 2003.

Aquella medida excluía a Acciona del concurso y ha derivado en varios fallos judiciales que han puesto en cuestión la citada privatización. El grupo que no ganó el concurso, liderado por Agbar, se ha basado en esos fallos para exigir al Govern que liquide de forma inmediata el contrato con Acciona y se lo adjudique a él. Y advierte de que hacer una nueva valoración rozaría la prevaricación.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, manifestó el viernes que el Govern aboga por convocar un nuevo concurso, si al final se debe anular definitivamente el realizado en el 2012. Vila espera a tomar esta decisión a lo que dictamine una nueva mesa de contratación creada para dirimir esta cuestión.

Acciona reclama en sus alegaciones que se mantenga el contrato de la privatización; que se revise la resolución de la OARCC del 2 de enero del 2013 y que se impida que el consorcio liderado por Agbar pueda ser adjudicatario. Además,  advierte a la Generalitat de que anular el contrato perjudicaría a las arcas públicas, podría tener graves consecuencias jurídicas y conllevar «deficiencias en la calidad del servicio».

Acciona acusa al OARCC de actuar de forma «maliciosa» porque levantó primero la suspensión del concurso por razones «de interés general», permitió después que se firmase el contrato, y, una vez formalizado este y tras el pago de la primera parte del canon por 300 millones de euros, en el primer día hábil siguiente, resolvió que Acciona debía quedar «excluida del concurso». La empresa considera que el OARCC «retrasó deliberadamente la resolución» para que la Generalitat pudiera cubrir antes sus necesidades presupuestarias «mediante la firma del contrato».