La ACA pagó a las consultoras por información anticuada y de internet

El grupo de empresas a las que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) adjudicó, en el 2008, varios contratos de consultoría por valor de casi 8 millones de euros, duplicó los informes  sobre un mismo tema, utilizó datos anticuados de los que ya disponía la misma ACA y recopiló «masivamente» información de internet.

Así lo expone el informe de  la Intervenció General que el Govern envió, junto con su denuncia, a la Fiscalía Superior de Catalunya, que la está analizando. Se da la coincidencia  de que de la misma Conselleria d'Economia dependen la Intervenció general y la empresa pública Infraestructures, que preside Joan Lluís Quer, el principal interpelado por dicho informe, quien en el 2007 era representante del grupo de consultoras que se adjudicó el contrato de la ACA, durante el Govern tripartito. La fiscalía analiza si hubo malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias y revelación de datos reservados.

Fuentes judiciales aseguraron ayer a este diario que la fiscalía dispone de medio docena de dictámenes de la misma ACA, de las conselleries de Economia y  de Territori (de la que depende la ACA), que apuntan  a que la adjudicación de la redacción del Plan de medidas de gestión de cuenca fluvial de Catalunya se efectuó supuestamente a dedo, vulnerando los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad e igualdad que han de regir la contratación administrativa.

JUSTIFICACIÓN / Los mismos informes  entregados por la Generalitat a la fiscalía confirman que el representante legal de la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de los estudios es Joan Lluís Quer, que entre el 2000 y el 2004 fue gerente de la ACA y que en la actualidad preside Infraestructures de la Generalitat (antigua GISA), la empresa pública que gestiona la obra pública del Govern.  Quer aseguró ayer  a EL PERIÓDICO que «hasta el último euro de la adjudicación está justificado. Nunca participé en ninguna reunión previa a la contratación y se cumplió  el pliego de condiciones que incluía la subcontratación a terceros».

En uno de los informes oficiales al que ha tenido acceso este diario se especifican las distintas reuniones que mantuvieron empleados de las tres empresas que componen la UTE con personal del ACA entre mayo y septiembre del 2007, antes de que se iniciara el expediente de contratación (25 de septiembre del 2007). En las actas se detalla que uno de los temas de los que se habló era esa adjudicación, lo que permite a los interventores deducir que la decisión estaba tomada antes de convocarse.

Quer aseguró ayer a este diario que no había participado en ninguna de esas reuniones de coordinación, pero en los dictámenes oficiales en poder de la fiscalía se detallan que sí asistieron empleados de su empresa Auditoria e Ingeniería (Auding), una de las tres firmas que componían la UTE. Al grupo se le adjudicó en enero del 2008 el contrato principal por un importe de 3,7 millones de euros. En el pliego de condiciones se dejaba la puerta abierta a otros contratos complementarios, que sumaron 3,9 millones. Total, 7,6 millones en informes.

Parte de las irregularidades detectadas se centran en esos contratos complementarios (las ofertas estaban firmadas por Quer) y en la falta de justificación de los servicios prestados. Los pagos «indebidos» ascienden, según los interventores, a dos millones de euros.

Pero además de esa falta de justificación, se ha descubierto la duplicación de contratos por un mismo servicio. Por ejemplo, la labor de análisis de la eficacia de implantación de la directiva europea sobre el agua figuraba en el contrato principal y se adjudicó por  431.000 euros. Después se hizo otro contrato complementario por otros 370.000 euros. Es decir, por un mismo concepto se desembolsaron 801.000 euros, «No está justificada la contratación de este gasto», señala el dictamen de Intervenció.

TRÍPTICOS INFORMATIVOS / En la justificación sobre la realización de otro servicio (costes e ingreso de los operadores), la Intervenció revela que la mayoría de la documentación aportada está formada por trípticos informativos elaborados por  la misma ACA y que la UTE solo encuadernó como anexos. La auditoría concluye, además, que gran parte de estos análisis «no corresponde a trabajos» realizados por la adjudicataria y «todo parece indicar» que se basa «en datos no actualizados y poco fiables», obtenidos de información de la que ya disponía la agencia. En consecuencia, no estaría justificado, en este caso,  gastar  147.000 euros.  Además, explica el interventor, «el objeto de este contrato ya estaba previsto en el acuerdo principal y se solapa con otros servicios».

El informe también destaca que la UTE subcontrató dictámenes por valor de 1,4 millones de euros a las mismas empresas que la componían, entre ellas Auding, cuyo administrador único  era Joan Lluís Quer, y que se realizaron trabajos complementarios con «la obtención de masiva información de internet».

COINCIDENCIA/ La Sindicatura de Comptes, que también fiscaliza la gestión de la ACA, coincide con la Intervenció y añade otras anomalías. Le sorprende, por ejemplo, que la comisión de seguimiento de los trabajos contratados solo se reunió el día que se creó o que una condición para concursar era tener la sede de la empresa cerca de la ACA.