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La Fiscalía de Barcelona ha presentado ante el juzgado de instrucción decano de El Prat de Llobregat una querella criminal contra los antiguos gestores de La Seda, entre ellos el expresidente Rafael Español, por cuatro operaciones que contribuyeron a la descapitalización de la empresa química.

Planta de La Seda en el Prat de Llobregat. EL PERIÓDICO

Las irregularidades detectadas por el fiscal especializado en asuntos económicos pueden ser constitutivas, según la querella, de varios delitos de apropiación indebida, falsedad, administración desleal, delito fiscal y contratos simulados, entre otros.

En el escrito, la fiscalía solicita que la querella se tramite como cuatro piezas separadas para cada una de las operaciones descritas, que tuvieron lugar durante la época en que presidió la empresa Español, que acabó su mandato en el 2009.

Además de él, aparecen imputados como responsables de varias o algunas de estas operaciones los directivos Aurelio González-Isla (director general corporativo de La Seda), Carlos José Sanz Laguna (director financiero), Carlos Gutiérrez Mondedeu, Xavier Plana Bassols, Yuri Herreras Yamabins y Ramon Valenzuela.

Venta a clientes de Rusia y Túnez

La primera operación descrita por el fiscal es la venta en el 2008 de mercancías a clientes de Rusia y Túnez, en concreto de 60.000 toneladas de un material plástico para la fabricación de envases que se correspondían, en principio, a stocks de fabricación de La Seda.

Estas ventas nunca fueron pagadas por los clientes, que aseguran no haber recibido nunca la mercancía, y la fiscalía afirma que existen indicios de que se trató de "meros apuntes contables" y de un caso de "facturación ficticia", sin que nunca existiera un movimiento real de mercancía.

Esta mercancía, además, había sido vendida y comprada ya en ocasiones anteriores por La Seda en el 2006, el 2007 y el 2008 a empresas vinculadas a Francisco García Carpinell, que colaboraba con Español en La Sedad desde 1993.

Dos préstamos participativos a Jatroil

La segunda operación a la que hace referencia la querella es la concesión de dos préstamos participativos a Jatroil, uno de 2,4 millones y otros de 17,4, para llevar a cabo un proyecto de I+D para la producción de biocombustibles, y otro de búsqueda de terrenos y emplazamiento para el cultivo de estas plantas.

Estas sumas de dinero fueron a parar a la sociedad Nuevo Sol Granadella, del grupo Provimola, administrada por el querellado Carlos Gutiérrez Mondedeu, que no hizo ninguna gestión de localización ni compra de terrenos.

El fiscal calcula en 18,1 millones de euros el menoscabo que provocó esta operación en el patrimonio de La Seda.

Compraventa de acciones propioas

La tercera operación, con la que La Seda perdió 8,3 millones, se centra en una compraventa de acciones propias, a partir de la solicitud de un préstamo sindicado a Deutsche Bank, con el objetivo de burlar la prohibición de autocartera, aunque después la sociedad que intervino, Fibracat, volvió a desprenderse de las acciones en el 2009 mediante la venta a Alquiler e Inversiones Ibiza.

El fiscal asegura que esta operación ha de merecer una investigación complementaria, así como otra detectada en el expediente que incoó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV).

Venta ficticia de licencias de tecnología

Por último, el fiscal hace referencia a una operación de venta ficticia de licencias de tecnología protagonizada por Provimola, a la que se transfirió el derecho de explotación de una patente química para fabricar y explotar plantas industriales de plástico PET en Oriente Medio y Portugal.