Los activos tóxicos del ladrillo de las cajas suponen el 10% del PIB

Si el Gobierno y el Banco de España han tenido que impulsar la mayor reforma de la historia de las cajas, ha sido, según las palabras del propio gobernador, Miguel Ángel Fernándéz-Ordóñez, porque los inversores creen que las entidades están llenas de activos inmobiliarios dañados que les provocarán cuantiosas pérdidas. Unos activos que, según reveló ayer el supervisor, ascienden a 100.000 millones de euros, lo que equivale a cerca del 10% del tamaño de la economía medida según el Producto Interior Bruto (PIB).

La cifra incluye 28.000 millones de créditos de construcción y promoción inmobiliaria en los que ya se ha dejado de pagar alguna cuota; otros 28.000 millones en préstamos al corriente de pagos pero que podrían dejar de estarlo pronto; y 44.000 millones en inmuebles y suelo que las entidades se han quedado por ser la garantía del crédito o para evitar que este entre en mora.

La cantidad es algo mayor que la reconocida por las cajas hace unos días en los ejercicios de transparencia a que les forzó el Banco de España y que rondaba los 90.000 millones de euros. De hecho, las entidades reconocieron una exposición al sector de promoción y construcción inmobiliaria de 205.000 millones, que ayer el supervisor elevó a 217.000 millones por diferencias en los "criterios de presentación" de las cifras.

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