Un juez investiga por presunto fraude fiscal a la familia Carulla

El juez de Barcelona Josep Maria Miguel Porras ha abierto una investigación contra seis de los principales miembros de la familia Carulla, propietarios del grupo empresarial Agrolimen, por un presunto fraude fiscal de millones de euros cometido a través de sociedades posiblemente instrumentales con sede en Holanda, Costa Rica y Uruguay.

Una de las operaciones rastreadas es el traspaso de las acciones del grupo y de las que eran titulares los descendientes del fundador de la compañía, Lluis Carulla Canals, a dos sociedades radicadas en las Antillas Holandesas (paraíso fiscal) y que fueron vendidas, a su vez, a unas firmas radicadas en los países sudamericanos y denominadas Grupcost (Costa Rica) y Grupsur (Uruguay). Todas estas compañías podrían estar controladas por la familia de los empresarios. El administrador de las mercantiles holandesas es Jordi Carulla Font, según fuentes jurídicas.

Las pesquisas se iniciaron hace meses a raíz de un informe del 2008 de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria remitido a la Audiencia Nacional en Madrid. El dictamen apunta un presunto delito fiscal en el que supuestamente están involucrados los hermanos Carulla Font: Lluís, Arturo (presidente de Agrolimen), Mariona (actual presidenta del Palau de la Música), Montserrat, Aurelia y Jordi. Ellos son los principales accionistas, con sus descendientes, del grupo Agrolimen. Este conglomerado empresarial tiene actualmente 22 fábricas, unos 6.500 empleados directos y dispone de marcas prestigiosas como Gallina Blanca, Ausonia, Mont-Ferrant, Afinitty, Pans & Company, Fresco y El Pavo, entre otras.

La presunta defraudación se descubrió a partir de una inspección al banco portugués Espirito Santo, cuyas sedes fueron registradas en el 2006 por orden del juez Baltasar Garzón, en una operación contra el blanqueo de capitales. Hacienda halló una serie de operaciones presuntamente sospechosas relacionadas con los Carulla. El dictamen de la Agencia Tributaria detalla una serie de negocios, la mayoría entre el 2006 y el 2007. Una de estas operaciones es el traspaso de acciones de Agrolimen por parte de sus titulares originarios (los hijos del fundador) a las sociedades holandesas. Esta venta alcanzó los 180 millones de euros, explican fuentes jurídicas.

TRAMA EN EL EXTRANJERO / «Es un caso de ingeniería financiera», aseguraron a este diario fuentes conocedoras de la investigación. La Audiencia Nacional abrió en el 2008, a raíz del informe de Hacienda, unas diligencias judiciales. Sin embargo, el juzgado que las inició acordó después, remitir este asunto (más otro en el que figura un acaudalado matrimonio) a los juzgados de Barcelona, ciudad en la que residen los implicados en el caso. Por ahora, el magistrado no ha acordado citaciones.

La Agencia Tributaria sospecha que Jordi Carulla Font, que figura como administrador de las sociedades holandesas, formalmente vinculadas a los seguros, realmente vive en Barcelona y no en Londres, donde tiene fijado su domicilio fiscal junto con su esposa. La hipótesis es que el entramado tiene como finalidad no pagar los impuestos en España.

En el informe de Hacienda también figuran las empresas de los hijos de los seis hermanos Carulla y que utilizan el prefijo Min y después el nombre del padre o de la madre (Minma, Minar o Minau). «Es un caso típico de deslocalización fiscal», explicaron fuentes jurídicas. La familia Carulla desconocía hasta ayer la existencia de la investigación.