El plan de choque sale adelante con los votos de PSOE, PNV y CC

El decreto con el último plan de choque del Gobierno para impulsar la recuperación y tranquilizar a los mercados fue convalidado ayer en el Congreso de los Diputados con los votos de PSOE, PNV y Coalición Canaria. El PP se abstuvo, lo mismo que CiU, expresando así su falta de apoyo a unas medidas a las que, en conjunto, no se oponen pero que son juzgadas como «incoherentes» y «desordenadas», según el portavoz popular, Cristóbal Montoro.

El portavoz del grupo catalán, Josep Sánchez Llibre, criticó la «improvisación» y la «confusión» que genera un modo «poco serio» de legislar y calificó el decreto como un «refrito de medidas».

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, defendió la adopción «urgente» de las medidas ya que «el contexto de elevada incertidumbre» no admite «dilación» en la toma de decisiones, dijo. Con este argumento, los grupos que apoyan al Gobierno rechazaron la propuesta de PP y CiU de tramitar el proyecto como decreto ley, lo que habría permitido la introducción de enmiendas.

Varias de las medidas del decreto ya entraron en vigor en el momento de su publicación en el BOE el 4 de diciembre: la subida de impuestos del tabaco; las medidas para acelerar y abaratar la creación de empresas o la ampliación de los beneficios fiscales para la inversión. Otras medidas entrarán en vigor con el nuevo año (como la rebaja del impuesto sobre sociedades para las empresas de tamaño reducido o la adscripción de los nuevos funcionarios al régimen general de la Seguridad Social) y otras lo irán haciendo durante el 2011. Es el caso de la privatización parcial de AENA y del organismo de Loterías, de la gestión privada de los aeropuertos de El Prat y Barajas y de la supresión de la obligatoriedad de pagar la cuota cameral. El Gobierno tampoco prorrogará después de febrero la ayuda de 426 euros a los parados que agoten sus prestaciones.

REDUCIR DEUDA PÚBLICA/ Salgado subrayó, una vez más, el carácter «incondicional» de los objetivos de reducción del déficit. Los alrededor de 15.000 millones que el Gobierno calcula que podrá obtener con la privatización parcial de AENA y de las loterías servirán para reducir la deuda pública del Estado. El nuevo modelo aeroportuario centró las críticas más duras de Sánchez Llibre, por considerar que consagra un esquema «centralizado».

Sin embargo, durante su comparecencia en la comisión de Fomento, el ministro José Blanco abrió la puerta para que la Generalitat tenga capacidad de decisión sobre El Prat. Es decir, que el actual modelo, que deja a las autonomías un papel residual, con una simple participación en un organismo coordinador, puede cambiarse. «Queremos dialogar para acordar lo que más convenga. Ya se lo he dicho al que será president de la Generalitat», dijo Blanco en referencia a Artur Mas.

Fuentes de CiU explicaron que su apuesta pasa por una sociedad filial de AENA con un consejo de administración en el que la Generalitat y los ayuntamientos de Barcelona y El Prat tengan un papel «determinante». Este consejo sería el que sacaría a concurso la gestión privada del aeropuerto, un modelo similar al que propone la Cámara de Barcelona.