CCOO y UGT presentan una iniciativa legislativa popular sobre pensiones

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, advirtieron hoy de que el debate parlamentario sobre la reforma de las pensiones se va convertir en una "pantomima", ya que el Gobierno quiere "imponer" el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Toxo y Méndez hicieron estas declaraciones a las puertas del Congreso de los Diputados, tras registrar una iniciativa legislativa popular (ILP) para "revertir" la reforma laboral del Ejecutivo.

Según Méndez, el Gobierno pretende "tirar por la calle de en medio" y "blindándose o resguardándose" en las decisiones del Consejo de Ministros de Economía de la UE (Ecofin) quiere retrasar en dos años la edad de jubilación (de los 65 actuales a los 67). Esto, precisó, va a convertir en una "pantomima" la negociación y el debate parlamentario sobre la reforma de las pensiones, así como la posterior que quiere mantener el Gobierno con los agentes sociales (empresarios y sindicatos).

Este no puede ser el camino, consideró Méndez, mientras que Ignacio Fernández Toxo añadió que, con esta política, el Ejecutivo lo que quiere es "hurtar" a los ciudadanos el debate sobre las pensiones.

Oposición a retrasar la jubilación

"El presidente del talante (en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero", quiere dejar al margen a la ciudadanía, algo que no van a "tolerar" los sindicatos, afirmó Toxo. Al respecto, el secretario general de CCOO dijo que, si el Gobierno impone el retraso de la edad de jubilación por el trámite de urgencia, se va a encontrar "de bruces" con la oposición de la ciudadanía y que CCOO y UGT van a ser el cauce para esa "conflictividad social".

Toxo alertó de que la presentación de la ILP hoy ha coincidido con la convalidación del decreto sobre el estado de alarma por el paro masivo de los controladores el pasado fin de semana, lo que ha "opacado" toda la información relativa a la decisión del Gobierno de anticipar la reforma de las pensiones al 28 de enero próximo. En su opinión, el Ejecutivo se está acostumbrando a gobernar "a golpe de decreto" y a reducir los plazos de tramitación de las reformas "hasta extremos intolerables y casi incompatibles" con un estado de derecho.

En cuanto a la ILP, ambos sindicatos tienen de plazo desde hoy y hasta el próximo mes de marzo para recoger las 500.000 firmas que se requieren para que pueda ser tramitada en el Parlamento.