El Gobierno trasladará la ayuda de 426 euros a las autonomías

El Gobierno está estudiando la posibilidad de que la ayuda de 426 euros que reciben los parados con cargas familiares y sin otra prestación y que se acabará el próximo 15 de febrero, sea asumida por las comunidades autónomas dentro del capítulo de las políticas activas de empleo. La desaparición del programa temporal de protección por desempleo e inserción (Prodi) forma parte del último paquete de medidas de consolidación fiscal y no supondrá una nueva partida de gasto.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, anunció esta propuesta en una entrevista concedida ayer a la agencia Europa Press en la que explicó que la ayuda, prorrogada en dos ocasiones durante este año, debe formar parte de los salarios de inserción de las comunidades autónomas y que se vinculen a la formación del desempleado.

La medida estará incluida en de las nuevas políticas activas de empleo que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se ha comprometido a presentar en enero o febrero dentro de la reorganización del mercado de trabajo. El pasado día 1, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que esta ayuda excepcional por razones económicas no iba a ser prorrogada.

RECORTE DEL GASTO / Jáuregui afirmó que esta es la única medida del paquete del viernes que implica un recorte del gasto. En el futuro, el Gobierno financiará programas de formación en lugar de dar una ayuda directa a la persona como la de los 426 euros. «Las políticas activas de empleo estarán destinadas a objetivos distintos y tendrán que integrar a este tipo de personas», afirmó.

En la actualidad el Estado destina unos 8.000 millones a políticas de formación de desempleados con cargas familiares entre 35 y 45 años, que ejecutan las autonomía.

El Prodi ha beneficiado hasta agosto pasado a unas 615.771 personas, aunque los cálculos oficiales elevan en medio millón más a los que se quedarán sin prestación alguna, ni asistenciales, en enero. En Catalunya, 24.000 parados se han beneficiado del plan hasta el 30 de noviembre.

En enero pasado un decreto de la Generalitat se hacía eco de la «grave crisis económica» para rebajar de un año a seis meses el tiempo de cálculo para percibir la renta mínima de inserción. En julio, ante la previsión del aumento de personas al borde de la exclusión, se rebajó de nuevo a cuatro meses el periodo de cálculo para acceder a dicha renta.