Menos carga por unos beneficios que menguan

En general, el mundo empresarial acogió con satisfacción las medidas para reducir la carga fiscal. El Gobierno estima que unas 40.000 pymes se beneficiarán del aumento del universo de compañías que podrán tributar al tipo reducido del 25% en el impuesto de sociedades. Una vez que lo apruebe el Ejecutivo, el primer tramo de beneficios a ese tipo llegará hasta los 300.000 euros (actualmente son 120.000). Y esta ventaja podrán aplicarla las empresas con una facturación anual de 10 millones anuales (hoy son 8 millones).

La medida «va en la buena dirección, si bien desde Pimec siempre hemos defendido un tipo reducido que no cubra solo un tramo de los beneficios sino la totalidad de los mismos», explica Joan Maria Gimeno, presidente de la comisión fiscal de esta patronal de pymes.

Aunque en la actualidad muchas posibles beneficiarias tienen pérdidas, Pimec ve con muy buenos ojos este anuncio, «en especial de cara al futuro». La alegría sería completa si se permitiera a las empresas deducir de sus impuestos los retrasos en los pagos de las administraciones, teniendo en cuenta que desde el 7 de julio rige una ley contra la morosidad que establece unos plazos que se incumplen de forma generalizada. Actualmente solo se puede dotar la mora seis meses después de sufrirla. Además, muchas compañías tienen que pagar un IVA que no han cobrado todavía.

También es bien acogida la libertad de amortización generalizada hasta el 2015. Hasta ahora --tras varias modificaciones desde que comenzó la crisis-- solo estaba prevista para las pymes que crearan empleo y duraba hasta el 2012, tal como prevé la modificación aprobada en abril.

Con la nueva decisión, más de tres millones de compañías podrán trasladar directamente a gastos del ejercicio, no a plazos anuales, las inversiones totales que realicen hasta el 2015 y, por tanto, reducir su factura fiscal. No obstante, se trata «de un diferimiento de impuestos», como cuando se deducen las aportaciones al plan de pensiones, pero que es bienvenido, explica Gimeno.

Según Anton Gasol, interventor de la junta Col.legi d'Economistes de Catalunya, «es bueno que en periodos de contracción económica tan fuertes se mime la capacidad productiva de un país», aunque el gravamen efectivo del impuesto de sociedades sea muy inferior al 30% o el 25%. Las estadísticas oficiales lo sitúan en una media del 18%, tras aplicar las deducciones existentes.

Por su parte, Valentí Pich, reelegido ayer presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, afirma que el conjunto de iniciativas anunciadas desprende «un aire de liberalización y de reducción de los costes para las empresas». Pero no se fía porque «el problema es que Gobierno hace anuncios parciales y hay cuestiones que luego o no se llegan a aprobar o se aprueban de forma distinta a lo dicho», agrega.

En cualquier caso, las medidas, cuyo impacto recaudatorio no quisieron evaluar ayer fuentes del ministerio de Economía y Hacienda, afecta a un impuesto que cae desde hace más de dos años. El nivel de recaudación alcanzó su punto álgido en el 2007 y desde entonces no ha parado de desplomarse al ritmo que lo ha hecho la actividad económica. El año pasado recaudó una cifra similar a la del 2002.