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Manuel Torres, un obrero desempleado que ocupa una vivienda de protección oficial de Adigsa en el barrio del Gornal desde abril, tiene dificultades para dormir. Se enfrenta a una cuenta atrás porque trendrá que salir del piso que ocupa el próximo mes de febrero. Es una cuenta aterradora, porque si en estos tres meses no logra conseguir otra vivienda, puede perder la custodia de sus hijos.

Manuel Torres y su familia en el piso que ocupa en L'Hospitalet. ALBERT BERTRAN

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Información publicada en la página 5 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 13 de noviembre de 2010 VER ARCHIVO (.PDF)

Hace dos días recibió una carta en la que la Generalitat le comunicaba que debía presentarse en una reunión para evaluar la situación de los menores. Entonces, su mujer, también desempleada, sufrió una crisis de nervios. «Está realmente desesperada y estamos preocupados por su situación», aseguró un vecino de la zona. Torres asegura que su mujer se ha venido abajo estos días y que, tras el impacto emocional de saber que su amigo y vecino se ahorcó en un parque, no ha podido conciliar el sueño.

El hombre que decidió quitarse la vida se había citado con Torres y con el presidente de la Asociación de Vecinos Carmen Amaya, Juan Álvarez, para exponerles su problema. Pero cuando llegaron al encuentro, ya se encontraron con el cordón policial.

«Estoy muy afectado. Ahora lucho para que mi mujer no se hunda. Ayer le estuve comentando que tenemos que seguir hacia adelante por nuestros hijos, aunque la situación sea muy dura», explicó Torres que ayer se acercó hasta el propio Celestino Corbacho, exministro de Trabajo y exalcalde de L'Hospitalet, para pedirle una solución a su problema.

Como Torres, algunos de los vecinos que ocupan pisos oficiales de forma ilegal suelen ser insistentes con sus peticiones de ayuda ante el ayuntamiento y Adigsa. Pero la mayoría, según confiesan, no han tenido éxito en sus peticiones.

Adigsa asegura que para conseguir una vivienda de protección oficial hay que pasar un proceso legal de evaluación de los servicios sociales que requiere tiempo. Y el Ayuntamiento de L'Hospitalet no ha considerado que la familia cumpla con los requisitos para adjudicarle un piso protegido. «He vivido cuatro años de la patada. Tengo tres juicios por ocupaciones pero si no encuentro otra opción, lo seguiré haciendo», remata Torres.