¿Fraude o problema técnico y de gestión? Las dos versiones de los orígenes del fiasco en la ejecución de hipotecas que desde que estalló el mes pasado sacude a Estados Unidos y ha forzado ya a varias entidades a congelar sus embargos y al presidente Barack Obama a vetar una ley se van a enfrentar ahora al juicio de una investigación oficial masiva y detallada.
Información publicada en la página 48 de la sección de Economía de la edición impresa del día 13 de octubre de 2010 VER ARCHIVO (.PDF)
Se espera que hoy los fiscales de 40 de los 50 estados del país anuncien un esfuerzo conjunto para investigar el aluvión de acusaciones sobre documentos firmados sin comprobaciones y embargos y desahucios acometidos sin cumplir la legalidad. Esos problemas han llevado, por ejemplo, a expulsiones de propietarios que ni siquiera tenía hipotecada la casa, a ejecuciones de embargos por entidades que no habían dado la hipoteca o de personas que estaba al día en sus pagos y a negativas a renegociación de términos de las hipotecas.
Más allá de probar el status legal en el sector, el proceso que abren los fiscales puede servir colateralmente para presionar a la industria para que renegocie los términos de muchos de los préstamos que han metido a los consumidores en problemas, inyectando nueva vida a los intentos de arreglar el mercado hipotecario.
La industria promete colaborar en la investigación y esgrime como argumento de defensa que varios de los errores que se han detectado se deben a problemas como el uso de programas de firmas automáticas, pero los expertos, y las autoridades, creen que tras lo ocurrido late un esfuerzo por pisar el acelerador en las ejecuciones hipotecarias.
APRIETOS PARA OBAMA / El asunto se tiñe también de tintes políticos, especialmente al llegar a tres semanas de las elecciones legislativas, y pone en aprietos de nuevo a la Administración de Obama. Son ya varios los congresistas que han pedido que se imponga una moratoria general en la ejecución de hipotecas y entre ellos hay demócratas como Harry Reid, senador por el estado con mayor número de embargos, Nevada.
Pero el Gobierno se niega a apoyar esa propuesta y vuelve a enfrentar la posibilidad de que la opinión pública interprete que vuelve a ponerse más del lado de grandes firmas que del ciudadano de a pie.
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