Las ejecuciones de hipotecas se investigarán en 40 estados de EEUU

¿Fraude o problema técnico y de gestión? Las dos versiones de los orígenes del fiasco en la ejecución de hipotecas que desde que estalló el mes pasado sacude a Estados Unidos y ha forzado ya a varias entidades a congelar sus embargos y al presidente Barack Obama a vetar una ley se van a enfrentar ahora al juicio de una investigación oficial masiva y detallada.

Se espera que hoy los fiscales de 40 de los 50 estados del país anuncien un esfuerzo conjunto para investigar el aluvión de acusaciones sobre documentos firmados sin comprobaciones y embargos y desahucios acometidos sin cumplir la legalidad. Esos problemas han llevado, por ejemplo, a expulsiones de propietarios que ni siquiera tenía hipotecada la casa, a ejecuciones de embargos por entidades que no habían dado la hipoteca o de personas que estaba al día en sus pagos y a negativas a renegociación de términos de las hipotecas.

Más allá de probar el status legal en el sector, el proceso que abren los fiscales puede servir colateralmente para presionar a la industria para que renegocie los términos de muchos de los préstamos que han metido a los consumidores en problemas, inyectando nueva vida a los intentos de arreglar el mercado hipotecario.

La industria promete colaborar en la investigación y esgrime como argumento de defensa que varios de los errores que se han detectado se deben a problemas como el uso de programas de firmas automáticas, pero los expertos, y las autoridades, creen que tras lo ocurrido late un esfuerzo por pisar el acelerador en las ejecuciones hipotecarias.

APRIETOS PARA OBAMA / El asunto se tiñe también de tintes políticos, especialmente al llegar a tres semanas de las elecciones legislativas, y pone en aprietos de nuevo a la Administración de Obama. Son ya varios los congresistas que han pedido que se imponga una moratoria general en la ejecución de hipotecas y entre ellos hay demócratas como Harry Reid, senador por el estado con mayor número de embargos, Nevada.

Pero el Gobierno se niega a apoyar esa propuesta y vuelve a enfrentar la posibilidad de que la opinión pública interprete que vuelve a ponerse más del lado de grandes firmas que del ciudadano de a pie.