29-S: nos sobran razones

El próximo día 29 los trabajadores y las trabajadoras demostraremos que no estamos dispuestos a pagar con nuestros derechos laborales y sociales una crisis que no tiene su origen en el mercado laboral.

La reforma laboral ha sido el detonante de la convocatoria de la huelga general. Los contenidos son inútiles e injustos. No crean empleo, facilitan su destrucción, aumentan la temporalidad y precariedad, desequilibran la relación entre empresarios y trabajadores en la empresa, debilitan la negociación colectiva, generan mayores incertidumbres e inseguridades a los trabajadores, y abren vías de exclusión laboral de algunos colectivos.

La reforma nos aleja de Europa en derechos laborales y se instala en la lógica de los bajos costes laborales y la precariedad. Y lo que necesitamos es precisamente cambiar el modelo de competitividad con más estabilidad y seguridad, el reconocimiento de la cualificación profesional y el reciclaje y actualización permanente, innovación e investigación, tanto en productos como en procesos, y flexibilidad interna pactada para adecuar organización del trabajo y condiciones a los cambios.

Reforma laboral

Sin embargo, la reforma aprobada en el Parlamento se centra en facilitar y abaratar el despido. La formulación legal de la previsión de pérdidas futuras como causa para despedir a un coste para el empresario de 12 días permitirá actuaciones discrecionales y deja al trabajador con una incertidumbre bajo la cual difícilmente asumirá la motivación e implicación que requiere una empresa moderna que debe establecer vínculos estables con su personal para facilitar la innovación.

Además, la reforma aumenta el poder unilateral del empresario para desvincularse del cumplimiento del convenio colectivo, tanto en retribuciones como en cambio de condiciones de trabajo. Una dinámica que será fuente de conflictos en la empresa, que solo pueden superarse recuperando los equilibrios que da la negociación colectiva y el pacto en relación al conocimiento, información y participación que deben disponer los representantes de los trabajadores para acordar medidas de flexibilidad.

Finalmente, la reforma abre la vía a la exclusión laboral de los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad. No apuesta por mejorar los servicios públicos de empleo con más recursos para personalizar las políticas de acompañamiento a la búsqueda de empleo y garantizar la igualdad en el acceso al trabajo. Por el contrario, traspasa esta responsabilidad a agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, sin definir ningún protocolo con los servicios públicos ni ninguna obligación de trato igualitario de los demandantes de empleo. Esto abre una peligrosa vía de exclusión de las personas con dificultades para ser ocupadas, ya que no serán rentables para unas empresas de colocación que tienen afán de lucro. Además, el incremento de la capacidad de sanción a las personas desempleadas presionará a la baja las condiciones que se oferten para entrar en el mercado de trabajo. Es un nuevo paso atrás en los derechos laborales que nos aleja de lo que necesitamos para modernizar las empresas, que son mejores condiciones de trabajo y no precariedad.

El pasado 12 de mayo, el Gobierno cambió el rumbo de la gestión de la crisis y entró en la lógica de buscar una salida favorable a los intereses de aquellos que hace tiempo que quieren desmontar el Estado del bienestar, los que quieren desregular el mercado de trabajo, los que quieren privatizar las pensiones, los que quieren que triunfen los valores del individualismo. Una lógica contraria a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.

Ajuste presupuestario

La reforma laboral, el plan de ajuste presupuestario, los recortes en los servicios públicos, el recorte salarial de los empleados públicos y la congelación de las pensiones son inútiles para combatir las causas que nos llevaron adonde estamos e inútiles para abordar la recuperación económica y la creación de empleo sobre bases más sólidas. Todas estas medidas están en la lógica de abaratar costes laborales y sociales, desregular los mercados, perder derechos y debilitar el Estado social. La lógica de aumentar los desequilibrios y las desigualdades, la lógica de un reparto más injusto de la riqueza creada con nuestro trabajo. Y esta lógica nos lleva a perder derechos largamente conquistados, a perder un marco de protección social que garantizaba la cohesión social.

Estas son las razones para decir así no. Hay otra manera de hacer las cosas. Hay otras reformas prioritarias y urgentes que los sindicatos venimos reclamando, como la fiscal, la financiera, la energética, la educativa. Por eso, organizaciones sindicales y de trabajadores autónomos, asociaciones juveniles, entidades sociales, representantes del mundo de la cultura, profesionales, representantes del mundo académico, magistrados, inspectores de trabajo, haremos huelga el día 29 para defender nuestros derechos laborales y sociales, y hacer que el Gobierno rehaga el camino, retorne al diálogo y se comprometa con los derechos y garantías para salir de la crisis.