La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció ayer una serie de recortes en el plan estatal de la vivienda y rehabilitación social que no convencieron a los responsables de los Gobiernos autonómicos, reunidos en una conferencia sectorial en Madrid. La ministra planteó la supresión de algunos incentivos a la compra y a la construcción, en línea con el objetivo de recortar el gasto público y de dar prioridad a la vivienda protegida en alquiler y a las ayudas a la rehabilitación. «Si vamos a tener que gastar menos, hay que priorizar en qué gastamos», justificó.
Corredor, en rueda de prensa, ayer, tras la conferencia sectorial. EFE
Información publicada en la página 38 de la sección de Economía de la edición impresa del día 28 de julio de 2010 VER ARCHIVO (.PDF)
Los ajustes se aplicarán de forma escalonada desde este año hasta el 2012. Algunas de estas medidas afectarán directamente a los promotores, como la supresión de la subvención para la urbanización o adquisición de suelo, y la rebaja –en principio de un 40%– de las subvenciones a la promoción de vivienda protegida nueva en alquiler.
AMPLIACIÓN DE LA HIPOTECA / También se plantea eliminar la ayuda directa a la entrada (AEDE) para la compra de una vivienda protegida o usada, que oscila entre los 4.000 y los 12.000 euros, y sustituirla por la posibilidad de ampliar la hipoteca hasta el 90% del valor de la vivienda protegida. El ministerio también planteó que las autonomías que superen los objetivos del plan estatal se queden sin el presupuesto adicional del que hasta ahora disfrutaban. Esto significaría que Catalunya, una de las comunidades que más ayudas han dado, dejaría de percibir unos 50 millones de euros en el 2011, según informaron ayer fuentes de la Conselleria de Medi Ambient i Habitage.
Corredor no precisó a cuánto se elevará el ahorro, a la espera de los presupuestos del año próximo. La ayudas que se suprimirán supusieron un desembolso de más de 517 millones en el 2009. La ministra pedirá su comparecencia parlamentaria y mantendrá reuniones bilaterales con las autonomías, varias de las cuales ya mostraron su disconformidad ayer. Consejeros autonómicos afirmaron que los cambios perjudicarán a los ciudadanos y no ayudarán a la reactivación del sector. El conseller, Francesc Baltasar, fue de los más críticos, al calificar de «muy erróneo» el planteamiento del ministerio.
Baltasar confió en que la reunión con la ministra en septiembre pueda encauzar la situación y aseguró que su departamento se esforzará por que «ninguna propuesta de alquiler quede sin financiación». Catalunya destina cada año unos 300 millones en política de vivienda, de los que la Generalitat aporta unos 200 y el Gobierno central, el resto, según fuentes de la conselleria.
A las críticas de Baltasar, se les sumaron las de sus homólogos de Madrid, Aragón, Canarias y Asturias, entre otros. El Partido Popular, CiU e IU también se pronunciaron en contra. Desde el punto de vista sindical, Eva Granados, vicesecretaria general de la UGT de Catalunya, opinó que «está bien incorporar subvenciones para el alquiler, pero deberían mantenerse las dirigidas a la compra de vivienda protegida».
Para los promotores de viviendas catalanes la propuesta del ministerio es «desvestir un santo para vestir a otro». Fuentes del sector destacaron que es positivo que Corredor mantenga las ayudas a la vivienda protegida para el alquiler, pues hace unas semanas parecía que no era ese el objetivo de la ministra. La Asociación de Promotores de Barcelona plantea que todas las viviendas protegidas deberían estar destinadas al alquiler.
Esa política evitaría que las medidas presupuestarias perjudicaran a los promotores que tienen viviendas libres iniciadas, que, finalmente, son las que dejarán de tener ayudas. Las empresas consideran que las propuestas perjudican al sector, aunque se acepta que el recorte presupuestario es inevitable.
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