La caída de beneficios en una empresa será causa de despido

El PSOE hizo ayer algo que no había hecho el Gobierno durante la larga negociación de la reforma laboral: definir las causas del despido por razones económicas cuya indemnización es de 20 días por año. En una de las 17 enmiendas transaccionales (de aproximación a las más de 300 presentadas por los grupos parlamentarios) se definen los motivos para la extinción de contratos de la siguiente manera: «Cuando de los resultados de la empresas se desprenda una situación económica negativa tal como la existencia de pérdidas, la disminución relevante de beneficios o la falta persistente de liquidez».

Para evitar la arbitrariedad en estos casos de despido colectivo se obliga a la empresa a «acreditar los resultados alegados» y «justificar» que de los mismos se deduce la «razonabilidad» de la extinción de los contratos, que debe tener como objetivo favorecer la competitividad empresarial en el mercado.

Esta propuesta la hizo el portavoz socialista en la comisión de trabajo del Congreso, Jesús Membrado, a las seis de la tarde de ayer en el seno de la ponencia que tenía por objeto dictaminar sobre el proyecto del Gobierno que tiene por objeto reformar el Estatuto de los Trabajadores. Los grupos de la oposición analizaron las propuestas del partido mayoritario y hoy intercambiarán opiniones a varias bandas. Mañana la comisión dará el visto bueno.

MARCO JURÍDICO // El portavoz del PSOE justificó la propuesta en que así el despido «tendrá un marco jurídico que lo ampare» y en la necesidad de vincular la situación de la empresa y las medidas de ajuste de plantilla.

Membrado destacó también que de esta manera se unifican las causas de despido por razones económicas en todas las empresas, independientemente de su tamaño, y se facilita la labor de la autoridad judicial que debe autorizar el despido.

En el texto del Gobierno apenas se profundiza en las causas. Se limita a mencionar que la situación económica negativa, a justificar por la empresa, permitirá la extinción de contratos de trabajo. CiU propuso que la definición de las causas se realizara en la negociación colectiva. Por eso ayer, su portavoz, Carles Campuzano, no podía ocultar su enfado. «Con CiU seguro que no hay acuerdo global, a no ser que el texto cambie mucho», declaró.

Por el contrario, la propuesta no desagrada a PP y PNV aunque ningún grupo quiso ayer desvelar cuál será finalmente su voto a la reforma laboral.

MALESTAR // El malestar de CiU se debe, además, a que el PSOE ha preferido aceptar, mediante la transacción, propuestas de todos, incluídos Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ERC y BNG, por la izquierda, y del PP, por la derecha.

Con este juego a varias bandas, el PSOE se asegura que en la reunión que mañana celebrará la comisión de trabajo, no haya más votos en contra que el de las fuerzas políticas minoritarias. Y muy posiblemente se produzca la abstención del PP y CiU, que no tendrán razones para mostrarse a favor ni en contra del proyecto en su conjunto.

El PP tiene esperanza de que sean aceptadas sus propuestas para luchar contra el absentismo o el papel de las mutuas y de la inspección laboral. Su principal crítica es al método confuso y atropellado empleado por el Gobierno para tramitar esta reforma. Desde el grupo popular se echa de menos el diálogo político toda vez que la reforma del mercado de trabajo no ha tenido ni siquiera el apoyo de al menos uno de los agentes sociales.

QUEJA SINDICAL // Con «alevosía, premeditación y nocturnidad» es como, a juicio del secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Gorriz, se está desarrollando el debate sobre la reforma laboral. Gorriz acusó al Gobierno de utilizar al Parlamento como «piquete antihuelga» contra los sindicatos.