Un informe de Solbes certifica que Catalunya es demasiado solidaria

La aportación de Catalunya a la solidaridad interterritorial supera lo razonable. Así lo demuestra un reciente informe interno del Ministerio de Economía, que encabeza el vicepresidente Pedro Solbes, en el que se hace balance de la evolución del actual sistema de financiación autonómica. De acuerdo con este estudio, el modelo presenta una grave perversión: las autonomías que más contribuyen fiscalmente son las peor financiadas. En ingresos por habitante Catalunya se sitúa por debajo de la media, hasta el punto de que recibe unos 400 euros menos que Extremadura y Cantabria, por poner solo dos ejemplos.

Los expertos del Instituto de Estudios Fiscales, un centro de reflexión dependiente del Ministerio de Economía, asesoran a Solbes sobre la marcha de las políticas públicas relacionadas con la fiscalidad y las finanzas autonómicas. Uno de ellos es el economista Miguel Ángel García Díaz, que acaba de evaluar los resultados del actual modelo de financiación hasta el 2005, último ejercicio liquidado. Tanto las estadísticas que expone como las conclusiones que extrae resultan demoledoras, pues revelan los profundos desequilibrios que imperan en la financiación de las comunidades autónomas.

450 MILLONES ANUALES

Al analizar la evolución de la financiación por habitante en las 15 autonomías de régimen común, el estudio constata que el vigente modelo discrimina a territorios como Catalunya, donde la recaudación tributaria es más alta que en el resto: "Las cifras correspondientes a 2005 muestran un año más que comunidades con una elevada capacidad fiscal propia alcanzan al final del proceso una posición desfavorable sobre la media". Tal es el caso de la Generalitat, que en el 2005 solo obtuvo 1.950 euros por catalán, 64 menos que el promedio del restos de las autonomías. Solo por este concepto, al que habría que sumar muchos otros, el exceso de solidaridad de Catalunya asciende ya 450 millones anuales.

"Catalunya obtiene una financiación por habitante cercana a la media (96,7 sobre 100), pero sigue situada por debajo de la misma, e incluso se aleja ligeramente respecto a la posición alcanzada el año anterior (97,2), consigna el informe.

Pese a que muchos defienden este desequilibrio financiero como un ejercicio de solidaridad de las comunidades ricas, el autor del estudio lo considera injusto: "Al igual que podía ser discutible en términos de equidad que mantuviesen una posición privilegiada por el hecho de ser más ricas, tampoco es razonable, bajo el mismo concepto de equidad, la situación actual, en la que se ven perjudicadas en relación al resto."

IGUALDAD EN LOS SERVICIOS

Llegado a este punto, el informe en poder de Solbes recuerda que la función del sistema de financiación es "garantizar los recursos para que los ciudadanos puedan acceder a un similar nivel de servicios públicos cuando realizan un esfuerzo fiscal similar, y no está pensado para cubrir las deficiencias en la capacidad de generar riqueza". Es decir, que el modelo no debería privilegiar a las comunidades pobres frente a las ricas, sino garantizar que, a igual presión fiscal, todas tuvieran los mismos recursos por habitante para sufragar los servicios sociales que prestan.

LA FILOSOFÍA DEL GOVERN

Justamente esa es la filosofía que emana del Estatut y que inspira la propuesta de financiación que presentará elconsellerde Economia, Antoni Castells, cuando Solbes abra la negociación sobre la nueva financiación: que la nivelación de servicios se circunscriba a la sanidad, la educación y la atención social, lo que reduciría en torno al 25% el esfuerzo solidario que realiza Catalunya.

Todavía peor paradas que Catalunya salen comunidades tan boyantes como Baleares (1.656 euros por habitante), Madrid (1.867) o la Comunidad Valenciana (1.870), pero también otras menos desarrolladas como Canarias (1.849) o Murcia (1.918). Por contra, en el ránking de las más beneficiadas se sitúan, inmediatamente después de Extremadura (2.372), Cantabria (2.343) y La Rioja (2.319), cuya renta per cápita ya querría para sí Andalucía: su financiación por habitante se sitúa más de 200 euros por debajo.

El informe analiza desde una óptica muy crítica esta "dispersión de los resultados", que hace beneficiarias de la solidaridad territorial a autonomías que, por su nivel de riqueza, debieran ser contribuyentes netas. El autor lo atribuye a los pactos que el Gobierno del PP selló con las autonomías para que aceptasen este modelo en el 2001. "Las reglas de ajuste alcanzadas en relaciones bilaterales desvirtuaron los resultados finales", se lamenta.