El Parlament enfila el rumbo hacia la soberanía fiscal de Catalunya

El pacto fiscal de Artur Mas ha empezado a caminar, todavía a gatas, por el Parlament gracias a un acuerdo con un doble aroma vasco. Por el contenido, porque el horizonte de la nueva financiación es el concierto económico de Euskadi y Navarra. Y por el continente, porque el primer borrador es fruto de un tripartitoa la vascaque chirría en la política catalana. CiU, ICV-EUiA y ERC aprobaron ayer las líneas generales del pacto fiscal. Unos principios genéricos que, si bien no lograron atraer al PSC y al PPC, dejaron margen suficiente para sumarlos al acuerdo tras el 20-N. Socialistas y populares, conciliadores, subrayaron los puntos en común y se ofrecieron para seguir negociando fuera del influjo electoral. El futuro modelo de financiación se asienta sobre el principio de autonomía fiscal de la Generalitat y plantea, para hacerla posible, una reforma legal que saque a Catalunya delcafé para todosfinanciero.

LAS CLAVES DEL SISTEMA Relaciones bilaterales y recaudación plena

La propuesta descansa sobre el blindaje de la relación bilateral Estado-Generalitat. El objetivo es obtener, a través de la comisión mixta económica, la cesión del 100% de los impuestos que se pagan en Catalunya. Este acuerdo modificaría la cesta de tributos prevista en el Estatut (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los impuestos especiales). Sobre esta base, la Generalitat tendría la potestad de recaudar, gestionar, liquidar, inspeccionar y revisar los impuestos. Se crearía una Agencia Tributaria catalana y el Parlament dispondría de plena capacidad normativa respecto de las tasas.

El texto aprobado no detalla nada más acerca del futuro sistema y, en cambio, dedica largo espacio a denunciar los pocos réditos del modelo vigente, algo que suscribió ERC (firmante del sistema), pero no ICV. Según el PSC, su «pacto fiscal federal», que también apuesta por la caja compartida, garantiza la «convergencia» entre los ingresos del régimen común y los de Euskadi. De ahí que el socialista Joaquim Nadal, tendiendo la mano a futuros acuerdos, situase las conclusiones como un «punto de partida, no de llegada».

LA SOLIDARIDAD Cupo para el Estado y cuota interterritorial

Fruto de otra negociación bilateral, la propuesta establece la cesión de dos cuotas solidarias. Una anual al Estado por los servicios que presta en Catalunya. Y otra al resto de autonomías, en concepto de solidaridad interterritorial, revisable cada cinco años. Los grupos están de acuerdo en que estos límites se fijen en una ley y respeten dos criterios. Primero, que Catalunya no pierda capacidad fiscal un vez realizada la contribución a la solidaridad. Y segundo, que los montantes se destinen a políticas sociales, «y no a políticas que precisamente Catalunya no se puede permitir». De momento, en el plazo de un mes se constituirá un grupo de trabajo con la misión de fijar la base de cálculo para establecer la cuota a entregar al Estado.

En su propuesta alternativa, el PSC quiere que se reconozca mejor el esfuerzo fiscal de cada autonomía, y plantea la reducción progresiva en un 25% de la aportación catalana a la solidaridad.

EL ENCAJE LEGAL Excepción al `café para todos¿ fiscal

Con la coraza jurídica del informe del Institut d¿Estudis Autonòmics, CiU, ICV-EUiA y ERC parten de que la Constitución no impone un régimen común. La vía que proponen es una cláusula de excepción a la ley de financiación autonómica (LOFCA), y la aprobación, por parte del Gobierno español y de las Cortes, de una norma que fije el modelo pactado bilateralmente. Catalunya saldría del régimen común y se acogería a la singularidad que le da el Estatut. PSC y PPC dudan de que esta vía encaje en la Constitución y prefieren que las reformas se realicen dentro del actual marco de negociación multilateral: el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

LA CONSULTA POPULAR Habrá un referendo, antes o después

El último fleco que cerraron CiU y ERC fue el referendo sobre el nuevo modelo. El Govern debe aprobar, antes de tres meses, una nueva ley de consultas populares -la actual está impugnada por el Tribunal Constitucional- para someter a votación el pacto fiscal. Esquerra renunció, como quería el Govern, a su exigencia de que se celebre antes de negociar con Madrid. Mas quiere reservar este cartucho ante un posible portazo del Ejecutivo central, y no dudará en utilizarlo porque, a diferencia de con la independencia, en este caso tiene las de ganar.