El Murcia se queda en 2ª B

La Federación Española de Fútbol (RFEF) no aceptó la propuesta de ampliación a 23 equipos de la Segunda División, realizada ayer por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) para sortear provisionalmente el problema planteado por la suspensión cautelar a cargo de un juzgado de Madrid del descenso del club murciano a Segunda B por no cumplir las ratios económicas exigidas. Ante esa negativa federativa, la patronal futbolística decidió a primeras horas de la noche que sea el Mirandés y no el Murcia el que compita en Segunda A Liga Adelante, cuya primera jornada se celebrará el próximo fin de semana, como en principio estaba previsto, pese a que la Liga había decidido el pasado día 14 suspender su inicio a la vista de la resolución judicial.

«Al tener que ser una liga de 22, para nosotros el que está de pleno derecho es el Mirandés y es el que disputará la primera jornada en Segunda A. Comunicaremos al juzgado que, al no haber modificación y ampliación a 23 equipos, el auto es de imposible cumplimiento porque es el Mirandés el que está inscrito de pleno derecho. Con 22 clubs no se puede hacer otra cosa», dijo el presidente de la LFP, Javier Tebas, que no tiene noticias de cuándo será la vista en la que el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid abordará su escrito de oposición a la suspensión cautelarísima decretada el día 14.

«Si hay un nuevo auto de posible cumplimento, habrá que cumplirlo, pero ahora somos 22 y no podemos hacer otra cosa», insistió Tebas, que aclaró que todos los clubs habían estado de acuerdo por la mañana en solicitar la ampliación a 23 equipos, lo que hubiese llevado a un calendario en que hubiese descansado uno cada jornada y al final hubiesen descendido cinco equipos.

«Hay un auto de medidas cautelarísimas, un convenio con la federación de muy complicada modificación y no hay otra salida», señaló el presidente de la LFP, que informó de que en caso de que el procedimiento final sea favorable al Murcia, la Liga Profesional ha ofrecido una garantía de 4 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.