Vía libre al plan antiviolencia

Mientras la policía detenía en Valencia a otros dos individuos relacionados con el asesinato el pasado día 30 de noviembre del ultra de Riazor Blues Francisco Javier Romero Taboada, uno de ellos como presunto autor material, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, aparecía al fin para dar luz verde a la batería de medidas encaminadas a atajar la violencia física y verbal en el fútbol español y su entorno, aunque no se privó de reseñar que la mayor parte de ellas ya existen en la reglamentación federativa en vigor. No es el caso de la clausura parcial de los estadios, la principal novedad.

En un nuevo ejemplo del distanciamiento que mantiene con el Consejo Superior de Deportes (CSD), la comisión delegada de la RFEF acordó por unanimidad crear una comisión de trabajo para profundizar en el actual ordenamiento jurídico contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia integrada en su totalidad "por personas pertenecientes al fútbol español" y sin representación gubernamental.

82 detenidos

Con los dos nuevos arrestos, ya son 82 las personas detenidas por su participación en la reyerta entre radicales del Frente Atlético y de Riazor Blues. Tres de ellas fueron enviadas a prisión la semana pasada por el titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid como supuestos autores materiales de la muerte de Romero Taboada: un taxista de 33 años vecino de Parla (Madrid), un joven de 21 años empleado en una compañía de seguros residente en Alcobendas y otro de 27 años, estudiante y también vecino de Parla. Según la investigación, los dos primeros tiraron al río al ultra gallego después de ser apaleado y el tercero participó en la paliza. Uno de los nuevos detenidos ha sido acusado de homicidio y el otro de riña tumultuaria.

Mientras tanto y cumplidos los compromisos ineludibles con la FIFA, de la que es vicepresidente, en el Mundial de Clubs ganado por el Madrid en Marruecos, Villar, encontró al fin tiempo para atender asuntos domésticos como los relacionados con la lucha contra la violencia. Una cuestión que al parecer no llevaba asociado para el dirigente federativo el carácter de urgencia que el CSD y el mismísimo Ministerio del Interior decidieron otorgarle.

Tres plantones

Después de tres plantones y una semana de retraso sobre lo exigido por las autoridades deportivas, lo que provocó incluso una amenaza del CSD de adoptar "medidas coherentes con el nuevo escenario creado por el incumplimiento por parte de la RFEF de los compromisos adquiridos", Villar presidió por la tarde en la sede de la federación la reunión de la comisión delegada que aprobó las modificaciones reglamentarias necesarias para poner en marcha cuanto antes el nuevo plan antiultra.

Unos cambios que afectan a una veintena de artículos de los estatutos federativos para hacer posible de forma inmediata el cierre parcial de los estadios donde se produzcan actos violentos o de racismo, xenofobia e intoletrancoa de especial gravedad. La pérdida de puntos y el descenso ya estaban contemplados en el artículo 73 del código disciplinario de la RFEF, como se encargó de subrayar ayer su comisión delegada, que también plantea la creación de la figura de un nuevo oficial de seguridad nombrado por la federación.

"El objetivo es que el mes de mayo, cuando finalice la temporada, el panorama sea irreconocible respecto al actual", repite el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, desde que, al día siguiente del asesinato del seguidor del Deportivo, las partes implicadas se comprometieran a poner en marcha con la mayor celeridad posible las medidas para atajar la violencia física y verbal. En fecha aún por determinar la comisión directiva del CSD se reunirá para aprobar su entrada en vigor, pero ayer Cardenal se mostró satisfecho con la decisión federativa.