De juicio en juicio

Apenas empezada la temporada (solo se lleva una jornada de Liga) y el Barça de Luis Enrique, y de Josep Maria Bartomeu en su primer ejercicio como presidente, arrancará el curso con una larga lista de problemas jurídicos. Una relación que afecta al club --Laporta, Rosell, Bartomeu, los tres últimos dirigentes-- retratando una división que se reactivará después de que la junta decidiera "mantener la acción de responsabilidad social" contra la directiva de Laporta. El origen es una interpretación contable según la cual el último balance de esa junta fue de 47,6 millones de euros. Si el juez lo entendiera así, los 17 directivos afectados deberían responder, a partes iguales, con 2,8 millones. El proceso comenzará el 15 de septiembre en el juzgado de instrucción 39 de Barcelona.

Afecta este enredo judicial sin final también a la penúltima gran estrella fichada por el Barça --el padre de Neymar declarará el 1 de octubre en la Audiencia Nacional-- y a la última --Luis Suárez-- porque el recurso presentado ante el TAS para rebajarle el castigo por morder a Chiellini en el pasado Mundial de Brasil tampoco surtió efecto.

Con líos en el palco (Laporta, Rosell y Bartomeu coincidieron en la directiva del círculo virtuoso, del 2003 al 2005, cuando los dos últimos dimitieron), problemas con las estrellas (Messi y su litigio con Hacienda) y, además, la imagen mundial del club dañada considerablemente tras confirmar la FIFA la prohibición de hacer fichajes en las dos próximas ventanas del mercado --desde el 1 de septiembre hasta enero del 2016-- por irregularidades en los fichajes de jóvenes.

Largo y tenso debate

Tras una larguísima reunión de la junta --duró seis horas, algo totalmente inusual-- y en la que no hubo comparecencia  del portavoz Manel Arroyo, el club informó en un comunicado que no detenía la acción de responsabilidad social. "Después de un amplio debate se ha decidido mayoritariamente continuar con este proceso", explicó el Barça. Amplio y tenso debate que refleja las diferentes líneas de pensamiento que existen en el seno de la junta en la que Bartomeu votó a favor del sí en el 2010.

Por un lado, un sector defendía la necesidad de tender la mano a los exdirectivos abriendo un camino de reconciliación. Otros, en cambio, sostenían que el proceso era imparable y, por lo tanto, no había razón  para replantear el tema en la próxima asamblea de compromisarios, paso obligado si se hubiera decidido dar marcha atrás. El juicio, cuatro años más tarde del inicio de la 'era Rosell', transformada desde el pasado mes de enero en la 'era Bartomeu' --los mismos directivos, pero diferente presidente-- reabrirá una herida que hace años que se arrastra.