FÚTBOL. LA ACUSACIÓN DE PRESUNTO DOPAJE

El Barça estudiará si acepta la oferta de la COPE

La cadena ofrece 200.000 euros en una demanda de 6,1 millones

JOAN DOMÈNECH
BARCELONA

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Aceptar 200.000 euros de resarcimiento o continuar el proceso judicial con la esperanza de cobrar los 6,1 millones que se piden. Ese es el dilema en el que se debatirá la directiva del Barça sobre la demanda que presentó contra la Cadena COPE el mes de marzo del 2011 después de que la emisora insinuara prácticas dopantes en la plantilla. La empresa radiofónica comunicó que ofrece 200.000 euros, reconociendo que la información que dio «ha resultado ser no veraz y proveniente de una fuente no contrastada».

El debate de la junta se divide en una doble dirección: la económica y la política. Sandro Rosell aseguró hace un año que estaba «muy enfadado» y prometió que el Barça llegaría «hasta el final» en su demanda por la intromisión ilegítima al honor en la que incurrió Juan Antonio Alcalá en el programaEl partido de las 12.El periodista explicó que el Real Madrid pensaba exigir controles antidopaje más serios y que el club no entendía que «médicos de dudosa reputación» trabajaran con el Barça, en un paralelismo con la colaboración del doctor Eufemiano Fuentes -involucrado en la operación Puerto- en las dos Ligas que conquistó el Valencia.

La Cope no asistió ayer a la audiencia previa convocada por el juzgado número 34 de Barcelona. El juez repetirá la convocatoria antes de fijar la fecha para la apertura del juicio oral a no ser que se alcance un pacto. La cadena radiofónica valora «los daños y perjuicios» causados al Barça en 200.000 euros. Dicha cantidad es el 3,2% de los 6,1 millones que exige el Barça.

La dudapolíticade la junta radica en la reacción de la hinchada azulgrana si aceptara una oferta tan escasa. Pero un precedente agita el debate económico. En diciembre del 2006, el diario francésLe Mondevinculó al Barça con Fuentes y la operación Puerto.El club se querelló por intromisión ilegítima al honor y reclamó 3 millones. En primera instancia obtuvo 300.000 euros, pero la Audiencia Provincial y la sentencia definitiva del Tribunal Supremo rebajaron la indemnización a 15.000 euros (el 0,5% de lo pedido).