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Los grupos municipales de Cornellà de Llobregat han aprobado por unanimidad una declaración pública en la que piden al Gobierno central una reforma de la regulación hipotecaria, para proteger a las familias que se enfrentan a la pérdida de sus hogares. Proponen crear la figura de la dación en pago, de manera que en los casos de la residencia habitual, la entrega de la vivienda saldaría la hipoteca, como en otros países de la Unión Europea o en los Estados Unidos.

Los firmantes consideran anómala e injusta la situación actual que permite a las entidades financieras adjudicarse las viviendas por el 50% del valor de tasación, aparte de poder reclamar a los afectados el pago de las deudas restantes, los intereses y los costes judiciales.

La opción del alquiler social

Con esta declaración conjunta solicitan aprobar una moratoria o nuevas medidas para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia repentina e involuntaria. En el caso de miles de desahucios ya producidos, exigen que se apruebe con carácter de urgencia iniciativas para que todos los pisos vacíos que acumulen las entidades financieras como consecuencia de estos embargos sean puestos a disposición de familias desahuciadas. Se ofrecerían en régimen de alquiler social y no superarán nunca el 30% de la renta familiar disponible.

La declaración recoge que en un Estado social y democrático de derecho “es inadmisible que todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario". "En cambio, las entidades financieras, en buena parte responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin haber asumido ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que generan miles de millones de beneficios”, añade el texto.

Los grupos políticos entienden que la regulación hipotecaria es una competencia estatal, pero insisten en que los ayuntamientos son el primer recurso de las personas en situación límite en busca de ayuda. Consideran que la normativa actual “vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cornellà”.