“Cualquier iniciativa que genere ocupación tiene una repercusión directa y positiva en el modelo social de los municipios”. Con esa meridiana claridad, el gobierno de la Diputació de Barcelona, formado por CiU y PP, se expresó esta semana en el marco del pleno de la corporación respondiendo por escrito a una pregunta del grupo de ICV-EUiA, respecto la posible instalación de Eurovegas en la zona.

El Govern de la corporación, amparándose en las altas tasas de paro en la comarca, afirma en el texto que hay que tener en cuenta y estudiar detalladamente cualquier proyecto que vaya en la línea de la creación de puestos de trabajo y asume que la instalación en el Baix Llobregat de un proyecto de estas características “afectará al desarrollo económico y la promoción turística de todo el territorio”. De todos modos, en la respuesta, los actuales responsables de la Diputació admiten no disponer de suficiente información al respecto y aseguran que cualquier proyecto tiene que ser valorado a partir de “información contrastada y no basada en rumores”.

El grupo de ICV-EUiA en la corporación criticó duramente la posición de subordinación que, a su entender, demuestra en este episodio la Diputació con la Generalitat, instituciones ambas en manos de CiU. “Consideramos la actitud de la Diputación, como mínimo, irresponsable. Creemos, además, que la respuesta es insuficiente y demuestre un desconocimiento y un desinterés impropios de principal gobierno local del país”, ha afirmado Arnau Funes, presidente del grupo ecosocialista en la Diputació.

ROSARIO DE POSICIONAMIENTOS

De momento, la posible instalación de Eurovegas en terrenos de Cornellà, El Prat, Sant Boi y Viladecans, ha suscitado posiciones encontradas entre los diferentes partidos y en su interior. Así, mientras el PP ha dado su apoyo total al proyecto y ERC e ICV lideran el frente anti Eurovegas, CiU y PSC mantienen una actitud ambivalente. Muestra de eso fue, en el campo socialista, el rechazo frontal expresado por el concejal Escudé en el pleno de Barcelona diez días atrás mientras que el Ayuntamiento de Cornellà, gobernado por los socialistas, aprobó en el pleno de julio no cerrar ninguna puerta al proyecto. En una posición parecida se posicionó el Consell Comarcal del Baix Llobregat, aunque la votación dividió al gobierno de esta institución, formado por CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC. En Cornellà, además, un grupo de entidades locales ha pedido al alcalde una consulta popular sobre el tema.  

El magnate Adelson aplazó en junio hasta septiembre la decisión final de si llevar el macrocomplejo a Madrid o a Barcelona, las dos opciones que se barajan des del principio de esta historia.