Las difíciles negociaciones que desde hace cerca de un año sostienen la industria cultural y los operadores para acotar el fenómeno de la descarga ilegal de archivos en internet, encalladas desde hace un mes, entraron ayer en vías de solución. La primera reculó en su propósito de que los segundos dejaran sin conexión a la red a los usuarios que más pirateen a través de las redes P2P, que suponía el principal obstáculo para llegar a un acuerdo entre las partes, y abogó por algo más laxo y fácil de llevar a cabo: en lugar del corte, el sector defiende ahora limitar el ancho de banda, durante un tiempo de entre tres y seis meses, de aquellos internautas que más reincidan en el intercambio de archivos protegidos.
El gesto supone dejar de mirar hacia el modelo francés, como hasta ahora, e inspirarse en el británico. En Francia, tras algún tira y afloja, su presidente, Nicolas Sarkozy, ha logrado aprobar una normativa que permite la desconexión masiva de los internautas que continúen pirateando tras haber sido apercibidos en un par de ocasiones. El Reino Unido, en cambio, estudia en estos momentos la reducción de la velocidad de acceso a esos mismos usuarios, algo idéntico a lo que ayer, en el 6º Foro de las Evidencias Electrónicas, propuso Aldo Olcese, el hasta ahora silencioso presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la plataforma que representa al sector audiovisual.
DECISIÓN DEL GOBIERNO / La otra parte en estas negociaciones está representada por los principales operadores de acceso --Orange, Ono, Vodafone, Telefónica--, agrupados en Redtel. Hace un mes, el diálogo quedó suspendido, debido principalmente al énfasis del sector cultural en la desconexión a la red, por lo que el anuncio de Olcese supone tenderles la mano a estos proveedores. Aun así, Redtel considera que la limitación del ancho de banda, cuando tienen que asumir parte de la nueva financiación de la RTVE, supondría un gasto excesivo.
Si los operadores siguen diciendo no, será el Ejecutivo el que decida, en una medida que intenta evitar: dado que cualquier limitación de internet sería impopular, prefiere que las partes lleguen por sí mismas a un acuerdo. El PP ya ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional una normativa antidescargas.