Vecinos de al menos 38 edificios de Barcelona sufren 'mobbing' inmobiliario

En Barcelona, hay 38 edificios cuyos vecinos "reciben presiones fuertes para que abandonen su casa. Se concentran en el Raval, en Poblenou". Este es el dato que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dado este viernes en un encuentro de representantes de las ciudades asociadas a la red CGLU en la capital catalana, centrada en el derecho a la vivienda.

La reunión ha analizado un problema que atenaza a Barcelona. Hace algo más de un año, dos a lo sumo, se dispararon las adquisiciones de inmuebles enteros, por parte de fondos de inversión. El alquiler se ha incrementado hasta provocar en los últimos tiempos que un número de inquilinos considerable se haya visto incapaz de afrontar renovaciones del alquiler que lo elevan significativamente.

Además del drama de las renovaciones, que ha echado a mucha gente de la ciudad, la revitalización del sector tuvo dos consecuencias inmediatas: el incremento del precio de la vivienda y una presión, a veces más sutil, a veces más grosera, para que vecinos que llevaban décadas en su casa la abandonaran para permitir su venta a compradores con mayor poder adquisitivo. Es lo que se conoce como la gentrificación: la sustitución de los habitantes habituales de una zona por nuevos moradores con más recursos.

Reunión en Barcelona

Barcelona acoge estos días el encuentro Las ciudades por el derecho a la vivienda, en el que participan representantes de CGLU, la principal red de urbes. El encuentro, en el que participa la relatora especial sobre Vivienda de la ONU, Leilani Farha, está previsto para impulsar la campaña 'Make the shift', planteada por la ONU contra la gentrificación.

Es en ese contexto en el que Colau ha aportado la cifra de edificios afectados. La alcaldesa ha lamentado la falta de herramientas competenciales para combatir estas situaciones, aunque ha afirmado que algo se puede hacer. Como ejemplo ha citado la opción de que la administración compre el edificio codiciado por un gran tenedor de vivienda: el ayuntamiento ha adquirido varias fincas en esta situación, ejerciendo el derecho de retracto.  

La alcaldesa ha citado algunas de las empresas que copan la adquisición de edificios: Norvet, Renta Corporación, Vauras Investment y MK Premium. Empresas, ha dicho, que son un ejemplo de "fondos de inversión que con sus malas prácticas que no tienen en conjunto el entorno, provocan la expulsión de los vecinos con operaciones opacas y poco transparentes".

Alquileres prohibitivos

Los problemas de vivienda que se viven en Barcelona dan para un pequeño diccionario. Para empezar, los alquileres prohibitivos: el corto periodo de los contratos previsto en la LAU, tres años, sumado al aumento de las tarifas, ha obligado a muchos barceloneses a buscarse un nuevo hogar en localidades cercanas.

Burofax

No todas las prácticas de empresas inmobiliarias suponen mobbing. El consistorio precisa que un nuevo propietario que se limite a no renovar a los inquilinos que ya vivían en el inmueble está dentro de la ley.

Bicho

Lo que denuncia el ayuntamiento son los casos en los que la nueva propiedad presiona a los vecinos para que se larguen y dejen paso a nuevos compradores. En argot, al inquilino que hay que echar se le conoce como “bicho”. Para un fondo de inversión, comprar pisos con inquilino supone acceder a un precio inferior.

'Narcopisos'

El problema de los pisos vacíos en manos de grandes tenedores hace años que se denuncia. Una subtrama de esta situación se da cuando algunos de esos pisos, escasamente tutelados por sus dueños, son ocupados y convertidos en narcopisos

Sant Antoni

El barrio de Sant Antoni se ha convertido en uno de los epicentros del terremoto de las renovaciones imposibles del alquiler.

La Modelo

De que el sector está pendiente de cualquier oportunidad da fe que nada más anunciarse el cierre de la cárcel Modelo la zona experimentó una subida de precios.

Parón por el proceso

Según fuentes del consistorio, las compras de inmuebles por parte de fondos sufren un parón desde el pasado 2 de octubre, después de que la policía y la Guardia Civil reprimieran a porrazos a los votantes del referéndum del 1-O.