Vecinos del Eixample exigen control del 'boom' de alojamiento turístico

Que el turismo es rentable, deseado y necesario para Barcelona es una realidad que, agudizada por la crisis, ya casi nadie cuestiona. Pero más allá del 74,7% de ocupación hotelera media que ilustra oficialmente los datos locales, laten miles de reservas para dormir y zambullirse por otras fórmulas en una ciudad que poco a poco trata de aprender a convivir con un fenómeno no siempre bien engrasado. El último episodio lo escribe el Eixample más próximo a Ciutat Vella y, por tanto, el más codiciado para negocios turísticos tras los límites impuestos en este último por su plan de usos. La Plataforma per a un Eixample Sostenible reclama control urgente sobre la creciente oferta de apartamentos por días y albergues del distrito, mientras que Unitat per Barcelona (UxB) llevó ayer al pleno del distrito una proposición con el mismo fin, después de que diversos vecinos denunciasen a título particular problemas de convivencia que puede generar la actividad.

No faltan vecinos en el Eixample, como en el resto de la ciudad, que reniegan de todo negocio turístico, ante el temor a molestias, una invasión de grupos ruidosos o algunos otros prejuicios. Pero Trinitat Capdevila, consejera del distrito por UxB, es consciente de que la realidad de las grandes ciudades implica convivir con el turismo, y Barcelona no es una excepción. Por ello, ayer no pidieron el cerrojazo al sector, sino «que el ayuntamiento garantice su legalidad y haga cumplir las reglas». Creen que la actividad ha de lograr ser compatible.

SOLO EL 2% / Fuentes del equipo de gobierno replican que aunque el distrito suma 2.700 pisos turísticos legales (más los no registrados), solo suponen un 2% del parque de 135.000 viviendas del Eixample. No ven saturación ni necesidad de prohibición.

Si bien la mayoría de la oferta no genera problemas cuando está bien gestionada, en otros casos, por falta supervisión del arrendatario (la contratación se hace por internet) o por ilegalidad de la actividad, se convierten en foco de conflicto. Los vecinos, hartos de la situación que presentan algunos bloques del Eixample derecho, han subido el volumen de sus quejas. La zona que va de Gran Via a Ciutat Vella se ha convertido en la más buscada por empresarios e inversores particulares. Allí se concentra buena parte de la oferta, que se ha doblado en menos de dos años.

EN BAILÈN / Las protestas son variadas, dicen en la plataforma. «Hay  problemas de ruido y de vecinos que no pueden dormir, con juergas nocturnas, o vomiteras en la escalera o mal uso de los ascensores, y con consumo de alcohol delante de albergues juveniles», cuentan. Tan solo en la calle de Bailèn cuentan con cinco casos denunciados sin licencia. Algunos  residentes acudieron ayer al plenario. Otros casos están en en Ausiàs March, Casp, Girona, Ali Bei y otras.

Precisamente en esta última, el conflicto se bifurca. La aparición reciente de nuevos albergues juveniles, que viven una eclosión con motivo del descenso del precio del suelo y la gran demanda de alojamiento económico (como informó EL PERIÓDICO en agosto) también ha generado algunos roces. El Eixample suma ya 22, uno de los cuales ayer salió a la palestra municipal. Fue el del situado en el número 13-15 de Ali Bei, donde los responsables del negocio y vecinos del inmueble contiguo viven un duelo en toda regla.

Maria R., y su pareja aseguran que su familia (que convive con otro albergue en la misma manzana)  no ha vuelto a descansar desde que a principios de año abrió sus puertas el Black Swan Hostel, que ocupa el nivel de calle y un principal, anexo al suyo. Que la insonorización es nula, que el ascensor se escucha desde su casa, así como el ruido de los jóvenes (hasta 91) que se alojan y que, según denuncia, se concentran frente a la finca para hacer botellón antes de iniciar rutas organizadas por pubs locales.

Los responsables del local afirman cumplir la normativa, que controlan los ruidos y las reglas (hay múltiples carteles) y que el vecino afectado agredió a un recepcionista, como denunciaron a los Mossos, aunque los vecinos replican que  solo fue un contacto físico para que el empleado atendiese a la situación que se vivía en la calle.

El ayuntamiento y el Consell  Comarcal del Barcelonès inspeccionaron en marzo el negocio. Fuentes municipales afirman que uno de los expedientes tramitados concluirá pronto con «una notificación de precinto por no ajustarse a la actividad», ya que había distintas anomalías por subsanar.