Unidos contra la vulnerabilidad

El Congrès Català de Pobresa Energètica reúne a 450 asistentes en la Fira Sabadell

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L.B.

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Para combatir la pobreza energética es necesario reforzar con carácter de urgencia todas aquellas medidas que atacan sus causas: la mala calidad de las viviendas, el paro y los bajos ingresos en los hogares, la disminución de las prestaciones sociales, el desconocimiento de la población a la hora de gestionar sus suministros y el elevado precio de la energía. Con esta idea como punto de partida se reunieron varios ayuntamientos y entidades del Tercer Sector en el primer Congrés Català de Pobresa Energètica (CCPE), celebrado el 3 y 4 de noviembre en la Fira Sabadell.

El encuentro, pensado como un espacio de debate y reflexión entorno a los retos y dilemas que presenta la pobreza energética, fue coorganizado por los Ayuntamientos de Sabadell, Barcelona y Badalona, el Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la asociación Ecoserveis y la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En la declaración institucional, firmada por las siete instituciones organizadoras, se constató que la situación de urgencia social del país requiere una respuesta «rápida y adecuada».

LOS DATOS

Los indicadores socioeconómicos referentes a las desigualdades y la calidad de vida de la población han empeorado como consecuencia de la crisis económica iniciada en el 2008. Un claro ejemplo es el porcentaje de hogares que declaran no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada, un 10,9%, el doble que en el 2008. "Combatir la pobreza energética ya no es una cuestión de responsabilidad social, sino que es una obligación dictada por ley (Llei 24/2015), por lo que la administración debe sancionar al que no la cumpla", afirma Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell y anfitrión de un congreso que reunió a unas 450 personas y 98 ponentes.

La declaración institucional presentada y firmada por las administraciones locales y entidades sociales reunidas en el congreso reclama, entre otras cosas, que el Estado Español "regule la protección de los consumidores vulnerables", como exigen varias directivas europeas relativas al mercado interno de la publicidad y el gas. Y a las empresas suministradoras se les exige que "se comprometan a garantizar el acceso a los suministros básicos de toda la población".

Los ayuntamientos y entidades del Tercer Sector trabajarán a partir de ahora en la elaboración de una Estratègia Catalana de Pobresa Energètic que servirá como guía para gestionar la pobreza energética a todos los niveles de intervención (regiones, municipios, Tercer Sector) con una base común.