El TSJC condena a una familia a demoler su casa por segunda vez

Se supone que la mesa de la justicia, como la de los caballeros artúricos, es redonda, por aquello de tratar a todo el mundo por igual. La familia que reside en el número 8 de la calle Nard de Sant Andreu de la Barca cree que a la hora de sentarse le ha tocado pata. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenó el 5 de noviembre del 2008 a José Jurado y Encarnación Beato que demolieran parte de las obras que, con permiso municipal, habían realizado en la vivienda. Así lo hicieron. Volvieron a tramitar un expediente de obras, corrigiendo los errores en los que supuestamente incurrió el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca al autorizar el primer permiso, y rehicieron su hogar. El TSJC exige ahora que antes del 28 de febrero los Jurado (curioso apellido para un caso como este) vuelvan a demoler de nuevo parte de la vivienda. ¿La razón? El TSJC, pese a la documentación que acredita lo contrario, considera que la primera demolición no se llevó a cabo. Salir del laberinto del Minotauro era más fácil.

Como en toda peripecia judicial, hay una parte acusadora. Es María Magdalena Ibars. Vive en el número 6 de la calle Nard. Es, claro, la vecina, disconforme desde septiembre del 2002 con las reformas que la familia Jurado puso en marcha aquel año y que, entre otras mejoras, incluía un porche, una piscina y una barbacoa.

ERROR / José Jurado, hijo del matrimonio demandado, reconoce que el ayuntamiento calculó con un leve error la edificabilidad de la finca. El exceso fue de 24,32 metros cuadrados, poco pero suficientes como para que la primera denuncia de la vecina prosperara sin apenas margen para la queja. De hecho, el propio ayuntamiento figuraba en el apartado de demandados, así que fue a esa institución a la que el TSJC ordenó en noviembre del 2008 la demolición de lo recién construido. El 14 de enero del 2009, los técnicos municipales dieron fe de que se había procedido a ejecutar la sentencia.

Es a partir de ese momento en el que uno cree despertarse una mañana tras un sueño intranquilo convertido en un monstruoso insecto. El proyecto se retomó, esta vez sin barbacoa y, sobre todo, siendo especialmente meticuloso a la hora de dejar libres de cualquier tipo de construcción un pasillo de dos metros en paralelo a la finca colindante. Y cuando todo parecía llegar a su fin, llegó el 23 de noviembre una nueva orden judicial instando a ejecutar la primera sentencia. ¡La vecina había denunciado el supuesto incumplimiento de la primera orden!

No se vayan todavía. Aún hay más, pues para un enredo de este tipo quedaba, se supone, una solución: el informe de un périto judicial independiente. Se le contrató. Visitó la finca a principios del 2010 y acreditó varias cuestiones, como que la nueva piscina se ajustaba a la legalidad, que no había ya barbacoa de obra y, sobre todo, que se pudo «comprobar la veracidad de las demoliciones realizadas». El informe del périto, con todo, no torció la determinación del TSJC, que ha puesto una fecha límite para que se vuelva a demoler parte del número 8 de la calle de Nard. Es el 28 de febrero del 2012. La única luz de esperanza que le queda a la familia afectada es el recurso que ha presentado el ayuntamiento, que en esta polémica comparte con ellos la estupefacción.

El caso de la calle Nart, por cierto, rezuma más allá de los despachos de la justicia. En Sant Andreu de la Barca es fácil ver carteles pegados en las paredes en solidaridad con la familia Jurado. Tanta aliento reciben los denunciados, que la denunciada ha presentado una denuncia por lo que ella considera que es un linchamiento moral que va camino de convertirse -eso dice- en un linchamiento real. Lo cierto es que los Jurado suelen ser muy cautos en sus explicaciones. Lo más grueso que se atreve a subrayar el hijo es que el marido de la denunciante es juez en el TSJC.