Trias habla de mano dura con el piso turístico a una Barceloneta en guerra

La última hoguera, la más explícita en varios años de conflicto in crescendo en la Barceloneta a cuenta del insufrible turismo incívico de muchos apartamentos ilegales, lleva días ardiendo. La magnitud de las llamas ha llevado finalmente al alcalde Xavier Trias a intentar ponerse al frente de los bomberos. Trias recibió el martes con nocturnidad a 10 cabecillas de una revuelta popular con muchos tintes espontáneos. Les expuso las medidas ya conocidas de más inspecciones, sanciones y vigilancia. A los vecinos, desconfiados tras tantos conflictos e ineficiencia municipal, les pareció poco, «más de lo mismo» llegaron a decir, aunque reconocieron que ahora el ayuntamiento parece que se ha puesto algo las pilas. Trias propagó públicamente ayer que «se les caerá el pelo» a los dueños que «hacen trampa» y alquilan por días, al tiempo que anunciaba 24 órdenes de cese «inmediato y provisional» de la actividad de 35 pisos.

El alcalde defendió que el turismo es bueno para Barcelona pero en ningún caso debería «atentar contra la convivencia». Por ello advirtió de que se actuará con contundencia ante aquellas actividades que «no respeten el modelo de ciudad», dando por supuesto que este existe y que es bien conocido. Tres representantes vecinales recelaron ayer de tales anuncios y mantuvieron sus exigencias de supresión de «todos los pisos», aunque matizaron que el acuerdo de reuniones semanales de seguimiento con la concejala Mercè Homs y también mensuales con Trias mejoran el clima.

ESCEPTICISMO / «Hay que ver a lo largo del tiempo en qué queda todo. Parecen decisiones de cara a la galería y para parar el golpe popular y mediático. Mantenemos las movilizaciones y la exigencia de cambiar el plan de usos», detalló Sergio Arnás, portavoz de la plataforma espontánea que ha prendido la mecha de estas últimas protestas. «No escuchamos ninguna medida drástica ni nueva. No estamos satisfechos. Las inspecciones podrían ser una vía pero deben llegar a los 9.000 pisos del barrio para ser eficaces», afirmó Oriol Casabella, presidente de la Associació de Veïns de la Barceloneta. «La situación de conflicto tiende a disminuir pero no tenemos certezas de que las medidas se mantengan en un próximo futuro y no queden como un parche», dijo

Lourdes López, de la Associació de Veïns de L'Òstia.

COMPRAR PISOS / En su primer pronuncimiento después de varios días en que la oposición municipal llegó a reclamar su regreso de las vacaciones, Trias también dijo que el ayuntamiento «trabaja además con la idea de comprar pisos en la Barceloneta para destinarlos a alquiler asequible para vecinos del barrio». Es otra de las grandes reivindicaciones de los residentes que, según denuncia la plataforma, resolvería «la expulsión del antiguo enclave marinero y hoy barrio de ciudadanos trabajadores que genera la burbuja turística de apartamentos, restaurantes y tiendas asociadas. Trias, sin embargo, no entró en concretar una medida ambiciosa y sin precedentes, y que muchas voces ven de compleja realización.

De los 35 pisos que deben «cesar la actividad» revelados ayer, 16 corresponden a los investigados de oficio entre el lunes y el martes por los tres nuevos equipos de un inspector y un guardia urbano que peinan aleatoriamente la Barceloneta. Los otros 19 son consecuencia de las denuncias vecinales o de la policía efectuadas desde principios de año, el procedimiento más habitual hasta la aplicación de este plan extensivo y con pretensión global.

ALEGACIONES / Los dueños de esas viviendas que son alquiladas, según han constatado los funcionarios municipales, con un variado repertorio de trampas y subterfugios para burlar el plan de usos que no permite legalizar ninguno más de los 70 pisos ya autorizados, tienen ahora 10 días para presentar alegaciones.

En la resolución, que para público conocimiento de los ocupantes irregulares de esos pisos se cuelga asimismo en las puertas de las propias viviendas, se dice que el incumplimiento del «cese de actividad» puede suponer multas reiteradas de 3.000 euros. Sin perjuicio, se añade además, de un «expediente sancionador con multas de 3.000 a 90.000 euros».

El ayuntamiento sostiene que tarde o temprano «todas las multas se cobran», pero el complejo procedimiento legal de los expedientes proyecta dudas sobre su capacidad coercitiva. El mismo Trias lo reconoció: «Si la ley no nos acompaña pediremos que se cambie».