Un traslado de Londres multimillonario

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SILVIA MARTINEZ / BRUSELAS

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Ni la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ni la Autoridad Bancaria Europea (EBA), los dos reguladores europeos ubicados en Londres, podrán seguir en territorio británico una vez que el Reino Unido abandone el club. La Comisión Europea ha dejado claro que en el futuro ambas tendrán que estar situadas en la UE y que su reubicación no formará parte de las negociaciones del 'brexit'. Pero la factura de su traslado será mucho más abultada y dolorosa de lo esperado porque ambos organismos tendrán que seguir pagando el alquiler de sus oficinas incluso años después de que culmine el proceso de divorcio.

En el caso de la oficina del medicamento, a cuya sede aspira Barcelona, su contrato de arrendamiento no expira hasta el año 2039. En circunstancias normales no tendría por qué suponer una carga si no fuera porque quienes negociaron el alquiler, firmado en el 2011, no incluyeron una cláusula de rescisión anticipada para protegerse de posibles imprevistos en los 30 años de vida del contrato.

El resultado es que tendrán que seguir pagando religiosamente la renta del edificio que ocupa en la exclusiva zona de Canary Wharf aunque lo abandonen cuando se consume la salida. “El contrato de alquiler no incluye una cláusula de rescisión anticipada que permita liberar a la agencia de sus obligaciones en lo tocante a alquileres y otros costes conexos”, admite con preocupación la Eurocámara en su informe de descarga del presupuesto de la agencia de 2015 aprobado este jueves.

Eso significa que la renta a abonar durante el período 2017-2039 asciende a unos 347 millones de euros. Un pellizco importante que encarecerá enormemente el coste de trasladar desde Londres a otra ciudad europea la sede y que según la Eurocámara debe ser tenido en cuenta en el acuerdo del 'brexit'.

Los responsables de negociar el alquiler de las oficinas que ocupa la sede de la Autoridad Bancaria Europea fueron, en cambio, más previsores. Para empezar porque su contrato de alquiler es de solo doce años, expira el 8 de diciembre de 2026. Eso supone una renta máxima de 33,1 millones, pero en este caso sí existe una cláusula de rescisión que permitirá a la Autoridad terminar de forma anticipada y escapar al pago de los últimos seis años. Es decir, quedaría liberada en 2020, un año después de que se consume el divorcio aunque tendría que abonar una penalización de 16 mensualidades o  3,2 millones.

En total, una factura extra de cerca de 400 millones de euros que Bruselas quiere que Londres abone íntegramente, tal y como figura en el borrador de mandato negociador de la Comisión. La negociación de estos detalles no está todavía sobre la mesa pero el presidente de la UE, Donald Tusk, quiere aprovechar la cumbre extraordinaria de jefes de estado y de gobierno de los 27 de este sábado, que dará el pistoletazo de salida a las negociaciones, para lanzar el debate sobre los criterios para elegir nuevas sedes. La reubicación ya se augura polémica y muy disputada.