El Tribunal Supremo (TS) ha absuelto a los nueve miembros del clan Jodorovich, condenados por tráfico de drogas y posesión de un arsenal de armas de guerra por la Audiencia de Barcelona. La decisión se toma al anular los pinchazos telefónicos y los registros domiciliarios que fundamentaban el caso porque se presentó una misma investigación en dos juzgados distintos.

Juicio al clan Jodorovich en la Audiencia de Barcelona, en octubre del 2011. DANNY CAMINAL

El Supremo acuerda la nulidad de los pinchazos porque los investigadores de la Policía Nacional primero acudieron al Juzgado de Instrucción de Santa Coloma y cuando este denegó prorrogar unas escuchas porque no se estaba encontrando nada, recurrieron a uno de Barcelona, que dio continuidad al caso.

Para el TS, la policía, al ocultar la instrucción de Santa Coloma, que desestimó prorrogar unas escuchas infructuosas, impidió al Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona decidir las intervenciones telefónicas con "el debido control, conveniencia y oportunidad". 
Se vulneró así la garantía al secreto de las comunicaciones y al derecho a la presunción de inocencia. El TS estima el recurso del principal acusado, Aquilino Montero Jodorovich, de sus hijos y de otros implicados.

COCAÍNA Y FUSILES

Se anulan igualmente los registros en las viviendas de los acusados, donde se halló cocaína y un arsenal con fusiles, pistolas, subfusiles, revólveres, escopetas, katanas y defensas eléctricas además de dinero en efectivo. El tribunal considera que la entrada en las casas fue consecuencia de los pinchazos ilícitos.

La sentencia admite que la invalidez de estas pruebas "no supone la negación absoluta del hecho que pretendían acreditar, sino la imposibilidad de utilizarlas para acreditarlo en el proceso". En definitiva, como todos los recurrentes negaron los hechos y su autoría solo se prueba con los pinchazos y registros, "no hay ninguna prueba desvinculada de las diligencias ilícitas".

Aquilino Montero Jodorovich fue condenado en noviembre de 2011 a 19 años y medio de prisión y los otros ocho acusados del clan, a penas de hasta 10 años. Se consideró probado que el patriarca Jodorovich "vendía droga y armas" ayudado por tres de sus hijos y otras personas en la Zona Franca de Barcelona.