la síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha propuesto al ayuntamiento habilitar barracones que están en desuso y habían servido para las escuelas, o edificios vacíos, para dar cobijo temporal a los senegaleses que viven en asentamientos en el Poblenou y otros colectivos de inmigrantes en riesgo de exclusión, según explicó ayer a través de un comunicado. Con estas y otras recomendaciones, Vilà ha cerrado una actuación de oficio que ha estudiado durante un año y medio la situación de los subsaharianos que recogen chatarra y que vivían y trabajaban en una nave del número 112 de la calle de Badajoz hasta el pasado noviembre.

Sintecho en solares de Poblenou..

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Información publicada en la página 39 de la sección de cv Gran Barcelona de la edición impresa del día 03 de febrero de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La nave, que se vació voluntariamente el 9 de noviembre, antes de que se ejecutara una sentencia de desalojo, acogió a unos 80 senegaleses (muchos de ellos simpapeles) que malvivían sin las condiciones mínimas de salubridad y seguridad. No obstante, el problema va más allá y afecta, según explica la síndica en su informe, a 711 extranjeros de diferentes nacionalidades (entre ellos 199 menores) que viven en la ciudad con un alto grado de precariedad.

CONCLUSIONES / Las conclusiones de la actuación ya están sobre la mesa del área de Calidad de Vida, que encabeza Maite Fandos (CiU), y a quien la síndica propone que habilite módulos provisionales en desuso haciendo que sean las entidades sociales implicadas las que hagan la acogida y el acompañamiento de los colectivos de inmigrantes pobres.

De sus investigaciones también se desprende que las ayudas del ayuntamiento hacia el colectivo de senegaleses de la nave de Badajoz eran escasas y se limitaban a servicios de comedor, duchas, cambio de ropa y alguna estancia temporal en un albergue. Vilà defiende que las propuestas asistenciales deberían haberse acompañado de medidas que ayuden a regularizar su situación, con una acción coordinada de la respuesta municipal y de la Generalitat, como la formación ocupacional y la inserción laboral, con programas de formación de Barcelona Activa. En esa línea el ayuntamiento ya ha puesto en marcha una prueba piloto para ofrecer formación a los subsaharianos que se comprometan a volver a su país, pero se ha prorrogado el plazo para participar porque no ha tenido la respuesta prevista, según la síndica, porque «la mayoría no quiere irse».

La síndica también ha detectado una cierta desconfianza de la población de inmigrantes susceptibles de acogerse a este programa por la «persecución» que, según Vilà, están recibiendo por parte de la Guardia Urbana. De hecho, asegura que se han dado casos en que un subsahariano se ha ido por desconfianza cuando un agente se ha acercado mientras estaban con él los servicios sociales.