Prohibir la prostitución en la calle no evitará el fenómeno, solo conseguirá hacerlo invisible y además comportará más desprotección social para las mujeres. Así de contundente se expresa la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, en un informe que ha elaborado sobre el proyecto de modificación de la ordenanza que pretende vetar la presencia de meretrices en la via pública. La defensora de los barceloneses considera que el fenómeno no se está abordando "de manera eficaz" porque no se entra en profundidad en un problema "muy complejo en el que abundan los dramas humanos", e insta a perseguir "cualquier forma de explotación sexual" y concentrar los esfuerzos policiales en combatir "las mafias, las redes y los proxenetas". 

Una prostituta de la calle de Robador, en Ciutat Vella, espera la llegada de clientes. CESC GIRALT

En el documento, Vilà insta la ayuntamiento a crear un grupo de trabajo formado por los servicios municipales y las entidades de iniciativa social que ayudan a las prostitutas para estudiar y plantear propuestas y así mejorar la normativa. "Antes de prohibir --reza la síndica-- es necesario ofrecer alternativas para evitar que la negociación con los clientes se haga en la calle, molestando a vecinos y comerciantes, o en pisos o locales sin ningún tipo de control". La síndica deja entrever su apoyo a la prostitución legal y correctamente regulada cuando cita como ejemplo los tiempos en los que "era habitual la imagen de jóvenes drogándose en la vía pública" y recuerda que "el consenso ciudadano y político permitió poner en marxa las salas de venopunción para minimizar los riesgos".

Análisis poco profundo

La defensora considera que la modificación propuesta no analiza "en profundidad" la cuestión, no propone soluciones y solo busca "esconder la prostitución". El informe, que ya se ha hecho llegar a todos los grupos municipales, cree que un "planteamiento abolicionista de la prostitución callejera" es una visión "demasiado lineal y simple" que no tiene en cuenta la complejidad de la situación ni sus consecuencias. El hecho de que se pretenda esconder el fenómeno, señala la síndica, dificultará que los servicios sociales, las entidades o la Guardia Urbana puedan ofrecerles atención, cuando lo ideal sería reforzar programas específicos para atender a todas aquellas mujeres que quieran dejar la prostitución. 

Vilà considera que la reforma se hace "de manera precipitada, sin un debate cívico y profundo" y sin tener en cuenta que las medidas sancionadoras no pueden funcionar con un colectivo que no tiene recursos para hacer frente a las multas. Según el informe, la modificación de la ordenanza, que cuenta con el apoyo de los grupos de CiU y PP, "tiene un marcado carácter punitivo y puede comportar una mayor desprotección social para las prostitutas". La defensora municipal de los ciudadanos, que considera que el ejercicio de la prostitución "no es una conducta incívica", resalta que es necesario "incrementar la lucha contra cualquier forma de explotación sexual" y echa a faltar la distinción entre prostitución voluntaria y forzada.