Sant Andreu expulsa a 60 familias para construir dos zonas verdes

Elvira Moreno, vecina de la calle de Jorba, invitaba ayer a todo el que lo deseara a entrar en su pequeña vivienda, tan humilde como perfectamente ordenada. Su objetivo era mostrar y demostrar que esta está en buenas condiciones, perfectamente habitable. «En el ayuntamiento argumentan que tenemos que irnos porque las casas no tienen cédula de habitabilidad, pero yo llevo viviendo aquí 25 años y pagando religiosamente el alquiler», asegura la mujer, una de las impulsoras de la plataforma Salvem el Casc Antic, nacida tras la presentación a mediados de diciembre de la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), que prevé la desafectación de 240 de las 300 fincas que el viejo plan preveía derribar. El problema, claro, no está en las 240 desafectaciones sino en las 60 fincas que siguen bajo la piqueta para dar paso a los dos nuevos «ejes cívicos» que Trias planea crear. «En el barrio nadie entiende que, en tiempos en que se cierran Urgencias y los niños estudian en barracones, se inviertan 21 millones en crear unas zonas verdes que nadie ha pedido y, lo que es peor, en echar a familias de sus casas », resume Ivan Altimira, portavoz de la plataforma y vecino de la calle de Sócrates, otra de las que sigue afectada.

Las primeras casas que el plan prevé expropiar son las de Jorba. Allí vive desde hace más de 30 años Carmen Manzano, por citar otro ejemplo, quien ayer paseaba a su perro compartiendo su malestar con el resto de vecinos. El proyecto está planteado en 10 años divididos en dos lustros, y Jorba entra en el primero. El objetivo es abrir lo que el ayuntamiento conoce como eje cívico -y los vecinos como eje cínico, aferrándose a ese clásico juego de palabras-, paralelo a la calle Gran. Una zona verde que el concejal del distrito, Raimond Blasi, ve como «necesaria en un barrio tan denso», y los residentes juzgan «totalmente prescindible» y «que en absoluto justifica la expulsión de vecinos».

FALTA DE INFORMACIÓN / Además de la total desinformación oficial entre el vecindario -se ha hecho una sesión informativa general, pero los afectados en ningún caso han recibido ninguna carta personalizada exponiéndoles la situación- los vecinos temen que el monto de las indemnificaciones sea irrisorio, ya que el suelo está calificado como zona verde y las viviendas son en la mayoría de casos muy pequeñas. «Aquí viven trabajadores. Hijos y nietos de los obreros de la La Maquinista, la Pegaso y la Fabra i Coats. Las casas son humildes pero son nuestras casas y queremos seguir viviendo en ellas», expone Altimira, quien no quiere oír hablar sobre indemnizaciones ya que su lucha se centra en quedarse en el barrio. «Nuestro objetivo es la desafectación total del casco antiguo. Que nos dejen en paz», insiste el joven, hijo y nieto del barrio, que allí aún todos llaman pueblo.

CASOS DISPARES / Cada una de las 60 afectaciones es un caso distinto. Hay casas en las que viven sus propietarios, casas alquiladas, casas vacías y solares sin edificar. Las condiciones de la expropiación serán, pues, distintas según la situación, pero el concejal del distrito aseguró ayer a este diario que todos los afectados que residan allí tendrán derecho a indemnización económica y a realojo y que los mayores de 65 años tendrán la opción de quedarse en sus casas «si lo desean». Tercera premisa que sorprende, ya que hace bastante inviable el proyecto y aún más el calendario, ya que en las viejas casas del casco antiguo residen, sobre todo, personas mayores, y la intención municipal es ejecutar la reforma antes del 2022. Blasi argumenta que dicha cláusula se debe a que piensan, «sobre todo, en las personas».

Los vecinos lo ven con otros ojos. Acusan al ayuntamiento en general, y a la concejalía de Hábitat Urbano en particular, de «absoluta improvisación». «Es lo mismo que ha pasado en las Glòries y en Can Batlló. Primero presentan en plan a bombo y platillo -en el caso del proyecto para el casco antiguo de Sant Andreu, por el concejal de Hábitat Urbano, Antoni Vives, y su mano derecha, el arquitecto en jefe, Vicente Guallart-, y después caen en que es inviable», asegura Xavier, cuya vivienda sí ha sido desafectada, pero que apoya la plataforma, como casi todos en el barrio. «No se trata de una lucha por los intereses particulares de unos propietarios, sino de defender el barrio», añade el joven.

En ese punto, en realidad, están todos de acuerdo. Blasi insiste en que el objetivo de la modificación del PGM no es otro que proteger el casco antiguo, por lo que, subraya, se han desafectado 240 de las 300 parcelas en juego. «Estando en la oposición ya recogíamos firmas para esta protección», recuerda Blasi, quien pone énfasis en la «necesidad de garantizar la posibilidad de atravesar el núcleo en sentido sur-norte, desde el parque de la Pegado hasta los antiguos cuarteles, por un eje interno del barrio».

De momento, hasta el próximo 20 de marzo se pueden presentar las pertinentes alegaciones al plan, y los mandatarios se comprometen a estudiarlas una a una. Dicen estar «abiertos al diálogo».