El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, creyó haber dado el pasado mes de febrero con la piedra filosofal de las políticas sociales, es decir, una fórmula con la que convertir el drama de los desahucios inmobiliarios impulsados por los bancos en una solución para algunas de las familias más necesitadas de la ciudad. Él, hombre indudablemente de derechas, parecía darle lecciones a los alcaldes socialistas de su entorno. El ayuntamiento -prometió Albiol- iba a gestionar a precios razonables el alquiler de esa gran bolsa de pisos vacíos que de repente había en la ciudad porque los bancos eran implacables con las deudas hipotecarias y, así de paso, iba a evitar que las mafias de la ocupación ilegal se hicieran dueños por la fuerza de esas viviendas. «Esto ha sido un enorme engaño», explica el exalcalde de la ciudad, el socialista Jordi Serra. «Ha jugado con la ilusión de la gente», añade. Unas 1.500 personas se inscribieron en las listas de espera. Al final, según admite el propio ayuntamiento, solo alrededor de una decena de pisos han sido adjudicados satisfactoriamente. Lo peor, no obstante, no es eso. Algunos de los afectados, personas que pasan por serios apuros económicos, han llegado a pagar la fianza del alquiler y siguen sin piso.

Jéssica Acosta, acompañada de una familiar, frente a la puerta del piso que le ha sido adjudicado y que está ocupado. JOAN CORTADELLAS

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Información publicada en la página 36 de la sección de cv Gran Barcelona de la edición impresa del día 29 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Jéssica Acosta, por ejemplo, estaba en el primer lugar de la lista de agraciados cuando el pasado 4 de mayo el Ayuntamiento de Badalona anunció el nombre de los primeros beneficiados por la nueva receta política de Albiol. Es una madre soltera de dos hijos que vivía en un piso por el que pagaba 360 euros al mes. El ayuntamiento, entonces, le ofrecía uno de 65 metros cuadrados por 200 euros al mes en la calle de Pau Piferrer, en el barrio de La Salut. El ahorro, dados sus ingresos personales, era notable.

«Por curiosidad fui ese mismo día a ver cómo era la finca. Una vez allí, no pude resistir la tentación y llamé al timbre del portero automático». La sorpresa fue que respondieron. «El piso estaba ocupado por una familia marroquí. Volví al ayuntamiento y me dijeron que no lo sabían». Lo que sucedió a continuación enredó más su caso.

Los responsables municipales del programa de pisos sociales de García Albiol le pidieron que, pese a todo, firmara el contrato de alquiler, pues con ese documento en la mano sería más fácil expulsar a los ocupantes ilegales de la vivienda. Eso sucedió el 15 de mayo. Pagó los 200 euros de la fianza y, desde entonces, aún espera que le den las llaves del piso. La espera, por cierto, ya no la realiza en el piso que tenía alquilado antes de embarcarse en esta agitada travesía. Ahora vive en una habitación alquilada, en compañía de sus dos hijos, por una renta mensual de 250 euros, luz y agua aparte, lo cual dice mucho de cómo anda el mercado del alquiler en el área metropolitana.

PROPAGANDA Y DECEPCIÓN / Acosta, en cualquier caso, es solo la punta del iceberg de un fracaso de García Albiol, asegura el jefe de filas de los socialistas en Badalona. «Después de vender con gran propaganda sus planes, se ha topado con la realidad y ha defraudado a mucha gente que lo está pasando muy mal», afirma.

El alcalde, evidentemente, niega las conclusiones a las que llega Serra, pero acepta que el proceso no ha sido el camino de rosas que en un primer momento previó.

Dos son los problemas a los que se enfrenta García Albiol. El primero es que la bolsa de pisos de que dispone es muy pequeña. Los bancos se resisten a firmar convenios con el ayuntamiento para poner en el mercado del alquiler social pisos que difícilmente conseguirán vender porque están en algunas de las zonas más deprimidas y, además, pueden estar en muy mal estado de conservación. Parece un contrasentido, pero así es en la práctica. Prefieren que estén vacíos o ocupados ilegalmente antes que alquilados de forma correcta.

El segundo problema es más complejo. Desalojar a los ocupantes ilegales de un piso requiere del permiso de un juez, y ahí García Albiol ha descubierto con cándida sorpresa que la velocidad en el mundo de las togas es otra. ««Le he traslado al juez decano de Badalona mi preocupación. Más en ese campo no puedo hacer», revela García Albiol. Ya en julio, antes de las vacaciones de verano, supo que su proyecto estrella en políticas sociales estaba embarrancado y no avanzaba. Fue entonces cuando se puso en contacto con el juez decano. Con octubre a la vuelta de la esquina, la situación continúa igual. Ninguno de los pisos ocupados ilegalmente ha podido ser entregado a sus nuevos arrendatarios. Con todo, el alcalde asegura que el proyecto ni se detiene ni se reorienta: «Intentaremos convencer a más bancos y esperaremos a que los jueces resuelvan los desalojos».