El propietario murió sin testar y sin herederos y la finca pasó a la Generalitat
Por qué confiar en El Periódico La Generalitat subastará el próximo 5 de junio cuatro fincas de la ciudad procedentes de herencias intestadas, y la de la calle Arai número tres es la que parte con el precio de salida más alto, 3,3 millones de euros. Es una cifra elevada para los modestos alquileres que pagan los inquilinos que allí residen. Es por eso por lo que cabe suponer que el futuro dueño, si lo hay tras la puja, y parece previsible que así sea, decidirá darle la vuelta como a un calcetín a la historia del edificio y rentabilizar su inversión.
Los tres bajos comerciales están arrendados, uno de ellos con contrato indefinido. Los otros dos expiran dentro de tres y cuatro años. De los pisos residenciales (un calificativo muy apropiado, pues el mayor de ellos tiene 161 metros cuadrados) ocho tienen inquilinos, uno está okupado (la Generalitat ha inicado los trámites de desalojo) y otros dos están vacíos y sellados.
Esos dos últimos fueron el primer aviso que tuvieron los vecinos de que algo iba a cambiar en el futuro. De repente, cuando un piso quedaba vacío no entraba un nuevo arrendatario. Es más, llegaban operarios y blindaban la puerta de acceso. «Primero pensamos que esto terminaría como otro hotel del barrio o como un bloque de apartamentos turísticos», explica Igor Binsbergen. De momento, no será así. El nuevo dueño tiene la obligación de respetar los contratos vigentes y, si desea cambiar el uso residencial de la finca, deberá negociarlo previamente con el Ayuntamiento de Barcelona. Pero no es ningún secreto que aquella es una zona cotizada de Ciutat Vella si lo que se pretende es extraer petróleo del yacimiento turístico de la ciudad. El futuro es incierto.
El dinero que ingrese la Generalitat por la venta de Arai 3 y de otras tres fincas recibidas por herencias intestadas se destinará a proyectos de asistencia social o a instituciones culturales, porque así lo regula la ley para estos casos. Para ello, convocará un concurso público para que las entidades interesadas puedan presentar sus proyectos.
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