Imputado por corrupción el alcalde que gobernó 23 años Castelldefels

Los focos del triste espectáculo de la corrupción iluminarán a partir de mañana un nuevo escenario: Castelldefels. Agustín Marina, alcalde socialista durante 23 años, relevado discretamente del cargo por el PSC en el año 2003, declarará mañana como imputado en un hasta ahora desconocido caso en el que, según el informe elaborado por la Guardia Civil, una ilícita connivencia entre cargos públicos y un empresario pudo haber causado un perjuicio económico de 15 millones de euros en las arcas municipales. La magnitud de la cifra se comprende mejor si se tiene en cuenta que la deuda total de Castelldefels es actualmente de unos 77 millones de euros. Marina declarará mañana ante el juez, pero en el centro de la presunta trama de corrupción destacan sobre todo otros tres imputados, el matrimonio formado por Antonio Gomà y María Dolores Irún, ambos empleados municipales que, según la investigación, acumulan «un patrimonio no acorde con sus ingresos por sus profesiones, cargos y empleos en el ayuntamiento», y Manuel Marín López, empresario supuestamente beneficiado por la trama, que terminó por contratar a Marina cuando dejó la alcaldía.

Durante la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo del 2011, según revela la investigación, el PSC, CiU y el PP recibieron una serie de cartas anónimas en las que se denunciaba muy detalladamente el caso, tanto que la sospecha general era que la garganta profunda de esas gruesas acusaciones era en realidad un funcionario municipal muy bien informado. Nadie, sin embargo, le hizo caso entonces. Pasados unos meses, Manuel Reyes, actual alcalde de la ciudad y militante del PP, recibió de nuevo esos anónimos, esta vez en su domicilio particular. Los remitió a la Guardia Civil, que, aunque con reservas iniciales, investigó a fondo las acusaciones.

REGISTROS DESESTIMADOS / Los agentes analizaron cada una de las operaciones urbanísticas denunciadas y, sobre todo, siguieron el rastro del extenso patrimonio inmobiliario de Gomà e Irún. Su conclusión final fue que el caso merecía la entrada y registro del área de Urbanismo de Castelldefels, de la empresa municipal Castelldefels Projeccions SA, de los domicilios particulares del exalcalde y de la pareja Gomà e Irún, de un sobrino de esta última, Jordi Martín Irún, y de diversas empresas, entre ellas las de Martín López, pero también varias de la pareja Gomà e Irún. El juez desestimó los registros.

En total, la Guardia Civil ha analizado 12 operaciones urbanísticas realizadas durante los últimos 15 años en Castelldefels. En la lista figuran, entre otros, los planes de la Muntanyeta, Can Vinader, Can Bou, Els Canyars, Camí Ral, la plaza de Colom y Can Aymerich. Este último, por ejemplo, sirve para exponer el tipo de irregularidades presuntamente detectadas por la Guardia Civil. El ayuntamiento, con Gomà e Irún en puestos decisorios clave, promovió una reforma de esa zona con el fin de edificar allí un hotel y un polideportivo. En mitad del proceso, sin embargo, el ayuntamiento solicitó una revisión del planeamiento a la Generalitat. Los equipamientos de repente ya no eran prioritarios. Martín López, que ya había obtenido la adjudicación del proyecto inicial, tenía como nuevo encargo construir 114 viviendas de lujo. Una de esas viviendas, según ha comprobado la Guardia Civil, es propiedad de Gomà e Irún. Fue adquirida por la pareja en la calle de Dolores Ibarruri en el 2006 por un millón de euros a la sociedad M90, una de las diversas firmas del empresario.

El conjunto de la operación de Can Aymerich, según la Guardia Civil, supuso unas pérdidas para el Ayuntamiento de Castelldefels de 3,6 millones de euros. El municipio, de forma resumida, cargó con el coste de la expropiaciones y el empresario, según la investigación, se llevó la parte de los beneficios.

La esencia de lo sucedido en Can Aymerich se repite en otros casos investigados. Irún, como directora gerente de Castelldefels Projeccions y su marido desde el área municipal de Urbanismo tramitaban proyectos en los que, más pronto o más tarde, aparecía el «complejo entramado empresarial» que, según la Guardia Civil, ambos habían creado en paralelo. De hecho, según explicó ayer el actual alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, Irún fue relevada del cargo cuando se descubrió que compatibilizaba su función pública con su labor al frente de diversas empresas, sin que la frontera entre ambos ámbitos quedara bien delimitada. Ella trató después de recuperar su plaza de funcionaria municipal. No se le aceptó la solicitud y por ello ha demandado al ayuntamiento, Su pareja tampoco trabaja ya para el municipio. En su caso, simplemente se ha jubilado recientemente.

El Ayuntamiento de Castelldefels sopesa personarse como acusación particular en el caso.