LA CRISIS DE LA VIVIENDA EN BARCELONA

La presión popular evita siete desahucios en una finca propiedad de la Sareb en el Raval

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HELENA LÓPEZ / BARCELONA

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Jaber vive en el 116 de la calle de Hospital junto a su esposa y sus tres hijos desde hace seis años. “El mayor tiene 23 y es electricista. El mediano, de 20, estudia un grado superior de Mercado Internacional, y el pequeño, de 17, estudia Electricidad”, relataba con orgullo de padre este lunes en el húmedo patio interior de esta degradada finca en el corazón del Raval una vez superado el susto inicial. La presión vecinal -y la ejercida por el ayuntamiento- acababa de lograr posponer, que no parar, la orden de desahucio que recaía sobre el hogar de Jaber y de otras seis familias de la misma finca, propiedad de la Sareb –el banco malo-, según denunció la propia concejala del distrito, Gala Pin, el domingo, en un texto publicado en su página de Facebook en el que denunciaba acoso inmobiliario, “práctica que por desgracia en Ciutat Vella conocemos bien”.

Jaber trabaja y tiene una nómina. Podría pagar un alquiler. Su problema, como el de sus vecinos, es que no tiene a quién. “El señor que nos alquiló el piso en el 2010 y que nos cobraba todos los meses, un día desapareció y no teníamos a quién pagarle. El contrato terminó en mayo del 2015 y tampoco vino nadie a renovarlo. Hasta que llegó la orden de desahucio”, expone el hombre, de origen paquistaní.

También llegó de Pakistán Salman Muhammad, de 21 años, y vecino de este bloque desde que llegó a Barcelonareagrupación familiar mediante, hace cinco años. Trabaja media jornada en el Carrefour de la Rambla y estudia Ingeniería Mecánica en la UPC. El caso de su familia es muy similar al que expone Jaber. Vive con sus padres y sus hermanos pequeños, de 14 y 16 años. “Tras el ictus que le dio a mi padre, acudimos a los servicios sociales a pedir ayuda y nos pidieron un número de cuenta de la inmobiliaria para gestionar la ayuda del alquiler. El intermediario entonces desapareció. No volvió. Y nos llegó la orden de desahucio, como al resto”, expone.

ACOSO INMOBILIARIO

Pin, quien acudió a la concentración popular para parar el desahucio junto al concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, aseguró a los medios que han llevado el caso a la fiscalía por los indicios de acoso inmobiliario. La concejala apuntó también que ofrecieron a la propiedad la compra del inmueble y que esta se negó de forma rotunda. “No hemos llegado a poner una cifra encima de la mesa porque la propiedad no ha querido negociar”, ha asegurado la concejala, quien ha insistido en que con al ley 24/2015 recurrida por el PP el desahucio se abría evitado.

Unas afirmaciones desmentidas por fuentes de la Sareb, que niegan haber recibido oferta alguna por el bloque y que aseguran que ninguno de los afectados posee un contrato válido, tal y como ha concluido el juez.

Además de estos dos concejales del gobierno, y del ‘cupaire’ Josep Maria Garganté, se acercaron hasta la concentración el secretario de la mesa del Congreso, Marcelo Expósito, y la diputada Lucía Martín, ambos ‘comuns’. Martín, como la alcaldesa Colau, fue una de las fundadoras de la PAH.

Un cartel de la PAH colgaba tras el intento de desahucio en la desconchada escalera, sin puerta, invitando a los vecinos a la asamblea que realizan todos los lunes para buscar soluciones. Algunos de los vecinos tienen orden de desahucio para este mismo viernes y, según expuso Pin, hay quien, aún este lunes, desconocía la existencia de recursos como los servicios sociales y la oficina de vivienda.

CELEBRACIÓN BREVE

La celebración por la paralización –de momento temporal- del desahucio duró poco. Tras los aplausos, las lágrimas de alegría y los cánticos de “El Raval no está en venta”, los vecinos abandonaron rápido el enclave. Había otro desahucio a pocos metros. El de Mohammad Sattar  sus tres hijos de 9, 13 y 17 años. “El viernes nos informaron del juzgado de que el desahucio estaba parado, pero esta mañana se han presentado los Mossos. Les he tenido que enseñar el papel, porque a ellos no les habían informado de la suspensión”, asegura Sattar. Una descoordinación que, según la PAH, es el pan de cada día.