El pleno municipal reprueba la política turística de Trias

Los votos del PSC se unieron ayer a los del PP para reprobar la gestión del gobierno municipal en materia de turismo. ICV-EUiA se abstuvo en este punto mientras Unitat per Barcelona lo rechazaba. El pleno de febrero reprodujo la bronca que se alarga desde el verano tras la crisis de la Barceloneta y que se ha recrudecido esta semana tras la celebración de la audiencia pública en la biblioteca Joan Fuster. La oposición aprovechó la minoría de Xavier Trias y, a pesar de que pusieron el acento en distintos argumentos o que hasta se criticaron entre ellos en el turno de palabra, lograron que saliera adelante una proposición para exigir que se presente un nuevo plan de turismo al tiempo que se censuraba la actuación del gobierno de CiU.

La iniciativa fue del PP. La defendió su jefe de filas, Alberto Fernández Díaz, que comenzó reconociendo la aportación del turismo a la ciudad, cifrada en un 14% del PIB o en la generación de 120.000 puestos de trabajo. Pero tras esa descripción (que la tercera teniente de alcalde de Economía, Sònia Recasens, le aplaudió), Fernández acusó al gobierno local de no haber sabido reaccionar "frente a los apartamentos turísticos y el incivismo".

Inspectores insuficientes

"Han actuado de forma equivocada y negligente y han convertido una oportunidad en un problema", diagnosticó el presidente del grupo popular. Se quejó de que el número de inspectores es insuficiente y que, además, solo se cobra el 10% de las multas por incivismo.

La responsable de marcar la posición del PSC, la concejala Sara Jaurrieta (que también es presidenta de Ciutat Vella y por lo tanto buena conocedora de la situación), sostuvo que el mandato del alcalde Trias sería recordado como "el peor en la gestión turística" por la presión vivida en la Barceloneta, Sagrada Família o Gràcia.

Gomà desaparecido

Aunque ICV-EUiA admitió que debería reprobar al gobierno por el turismo, optó por abstenerse en la votación. La concejala Janet Sanz, que ayer en el pleno defendió la mayoría de los temas en detrimento del presidente del grupo Ricard Gomà que se retira, recordó que la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) acusó esta semana al gobierno de "manipulación y comportamiento indecente". Sanz hizo un discurso muy crítico con la falta de consenso e hizo hincapié en que es "incompatible" ciertas iniciativas como la ordenanza de terrazas u obras como la Marina de lujo del Port Vell con el diálogo imprescindible con los vecinos que según la ecosocialista no se ha producido.

Pero Sònia Recasens negó la mayor. Sí admitió que los millones de visitantes que cada año eligen Barcelona "provocan externalidades negativas" pero defendió que el equipo de gobierno ha luchado para neutralizarlas, ya sea con las inspecciones (879 en un año que han desembocado en 73 expendientes); la ordenación de buses en los alrededores de la Sagrada Família o la promoción de lugares de interés que no estuvieran solo en el centro.

Debate sobre el impuesto

La teniente de alcalde defendió que CiU ha hecho aflorar las viviendas de uso turístico, "que existían de forma ilegal en mandatos anteriores" y blandió el acuerdo con la Generalitat para gestionar un 48% de la tasa turística cuando hasta ahora era del 34%. "Quiero que se centre el debate en qué aspectos nos gastaremos los 40 millones de euros anuales que recaudaremos", invitó.

Pero la confrontación a costa del turismo no acabó ahí y, en el turno de los ruegos, ICV-EUiA pidió al alcalde Xavier Trias que extienda la moratoria de los apartamentos turísticos a todo el resto de alojamientos, tanto hoteles como hostales, pensiones o albergues. "El negocio va por delante de los vecinos. Actualmente se están desarrollando 16 proyectos de hoteles nuevos. ¿Cómo quiere debatir con esa amenaza?", se quejó Janet Sanz. Trias admitió que "hay cosas a corregir" pero se negó a ampliar las moratorias. "El modelo no me lo he inventado yo: fue el que me encontré", se defendió.