Ni un piso turístico más

La gestión descontrolada de una parte del parque de pisos de uso turístico en Barcelona ha acabado matando de éxito al lucrativo sector. Tras seis meses de reuniones técnicas y estudios de densidad de la oferta que perseguían una acotación por zonas, el ayuntamiento ha optado por la vía drástica de echar el cerrojo a toda la ciudad. No habrá más de las 9.606 licencias concedidas en la actualidad, que además no se podrán traspasar de un edificio a otro. El nuevo plan, a medio año de las elecciones, opta por calmar los ánimos populares tras los conflictos registrados en la Barceloneta el pasado verano, poniendo coto incluso a distritos como Nou Barris, donde la oferta es casi nula. En la práctica, conseguir una licencia para un piso podrá ser viable en un futuro, siempre y cuando se hayan registrado bajas previas.

La decisión provocó ayer satisfacción entre vecinos temerosos de que proliferen pisos para viajeros que puedan resultar molestos en sus escaleras, entre hoteleros y hasta entre particulares que ya explotan estos negocios y se libran así de una creciente competencia que estaba reduciendo sus ingresos. Pero sentó como una patada a la patronal Apartur, que había presentado propuestas para limitar las zonas de crecimiento y para gestionar mejor la oferta actual. Y a cualquiera que hubiera comprado un piso para invertir y se hubiera quedado a las puertas de la licencia. La oposición municipal también arremetió contra la medida, por exceso o por defecto, según los gustos.

Refuerzos

Lo que no soluciona el plan especial urbanístico del ayuntamiento es la situación de los apartamentos que generan conflicto en la actualidad, ya que no está facultado para retirar licencias vigentes. No obstante, se establecen mecanismos para poder actuar con más contundencia contra la oferta ilegal y la que pese a estar autorizada genera malestar en las comunidades de vecinos. Para empezar, doblando el volumen de inspectores, con un proceso de formación para 60, que supervisarán con especial tesón los barrios de la Barceloneta, el Gòtic, Poble Sec, la Vila de Gràcia, Camp de Grassot, parque Güell y la Sagrada Família. También solicitando a la Generalitat nuevas herramientas legales (ver despiece).

La inesperada prohibición de nuevas licencias es efectiva desde ayer y amputa las opciones que quedaban de obtener permisos en distritos como Sant Andreu, Les Corts y Nou Barris. La pasada primavera una moratoria de licencias de un año ya atornilló las zonas más saturadas de la ciudad (Eixample, Gràcia, puntos de Sarrià-Sant Gervasi, de Sant Martí...). Desde entonces, solo se han registrado una veintena de peticiones en el resto de distritos más periféricos, a la espera de saber qué medidas impulsaba Trias.

El concejal de Urbanismo, Antoni Vives, presentó ayer las líneas maestras del plan, aprobado inicialmente, y que tras el periodo de alegaciones y ajustes se espera que sea definitivo antes de seis meses. El documento establece que se proceda a una primera revisión de la situación un año después, y cada dos años a partir de entonces, «valorando sus efectos». Es decir, que por lo pronto en los próximos 18 meses no se podrá obtener ninguna nueva licencia. Y después solo se podrá hacer en zonas donde haya pocos y siempre y cuando hayan habido bajas previas, voluntarias o por pérdida de licencia tras sanciones reiteradas.

Sin especulación

Vives razonó que la congelación evitará la llegada de problemas a barrios ahora desiertos de pisos turísticos. Muerto el perro, muerta la rabia. Pero la asociación Apartur le recriminó después que el ayuntamiento persiga la desconcentración turística pero no dé pasos al respecto.

Lo que sí supone un paso, al menos contra la especulación, es la prohibición de traspaso (reventa) de licencias de una a otra finca. Una sentencia judicial en contra en Ciutat Vella ha hecho cambiar los planes municipales. Así, aunque el ayuntamiento persigue el objetivo de la agrupación de la oferta en edificios completos (en Ciutat Vella les quedan cuatro años y medio para hacerlo), en el resto de distritos se irá incentivando esta concentración de cara a la «profesionalización», pero solo con licencias nuevas que se otorgarán previo estudio del caso y tras bajas previas.

David Riba, presidente de Apartur, considera el plan «electoralista» y «un linchamiento» a los apartamentos, mientras que se siguen permitiendo pensiones y albergues en fincas de vecinos. Y defiende a los usuarios de los pisos que en general no resultan conflictivos y generan «actividad económica en el comercio de proximidad».