La oposición en bloque intenta parar el plan de reparto de cargos de Colau

Ada Colau, durante su primera comisión de Gobierno la semana pasada.

Ada Colau, durante su primera comisión de Gobierno la semana pasada. / periodico

CRISTINA BUESA / BARCELONA

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Los correos electrónicos en los que se informaba del cese en el cargo llegaron ayer por la mañana, último día de junio. La mayoría de quienes lo recibieron no seguirán hoy como asesores de confianza en el Ayuntamiento de Barcelona. Otros, aquellos cuyos puestos se acaben pactando en la reunión de hoy, sí. Esta situación, que se vive cada vez que hay un cambio de gobierno, podría haber sido más o menos plácida: cada uno se conforma con el cambio de estatus y de efectivos en función de los resultados de su partido. Pero está siendo todo lo contrario.

Tanto es así que la oposición se ha organizado para evitar que Barcelona en Comú (BC) se salga con la suya. La base del conflicto es la ley de racionalización sostenibilidad de la administración local, que, entre muchos otros aspectos, limita la contratación de personal eventual de los ayuntamientos a un 0,7% de la plantilla total. Aunque en el mandato anterior eran 163, ahora la ley fija para Barcelona 92 cargos eventuales. Estos empleos, según fuentes municipales, históricamente se han distribuido de forma equitativa entre los distintos partidos, siempre en función del resultado de las urnas.

Pero en las reuniones para negociar esta distribución, CiU, Ciutadans, ERC, el PSC y el PP han descubierto que el volumen de personas que el gobierno de Ada Colau Ada Colau les asignaba era mucho menor de lo que calculaban y que eso, en algunos casos, les impide afrontar una tarea de oposición con solvencia, según lamentaban ayer algunos de ellos.

GOBIERNA EN MINORÍA

Quien dio la voz de alarma fue el jefe del principal partido en la oposición y exalcalde, Xavier Trias, que se quejó del ninguneo y "menosprecio" al que el equipo de Colau somete al resto de grupos municipales. "No se han enterado todavía de que no tienen mayoría y que deben buscar complicidades y acuerdos para las comisiones, presidencias de distritos o asesores", ejemplificó el portavoz de CiU, que protagonizaba su primera rueda de prensa tras su fracaso en las municipales de mayo.

"No se puede ser tacaño con estas cosas", recomendó Trias, que a continuación reveló que 27 de los 41 concejales (todos los representantes de la oposición, excepto la CUP) han hecho una propuesta conjunta a la junta de portavoces para intentar frenar el plan de Colau. El objetivo de ese frente común es persuadir al gobierno municipal de que ceda más puestos a los grupos. "Popularmente quedan muy bien diciendo que van a reducir cargos, pero con estos medios no se puede trabajar bien, es una cuestión de salud democrática", comentaba un miembro de otro de los grupos afectados por el recorte.

ESFUERZO COMPARTIDO

Fuentes del gobierno se defendieron ayer asegurando que la reducción de eventuales "obliga a todos a hacer un sacrificio" y que debe ser "un esfuerzo compartido por gobierno y oposición". El reparto, prosiguieron, otorgaría 62 puestos al gobierno de Colau (el 67%) y 30 a la oposición (el 33%).

Esta rebaja significa, por ejemplo, que el grupo de ERC pasará de tener siete asesores a solo cinco, a pesar de haber incrementado su representación de dos a cinco concejales. El grupo del PSC, que ha retrocedido electoralmente, ha visto cómo BC les asigna cuatro eventuales en correspondencia con los cuatro ediles que logró en las elecciones. En el mandato anterior tenía 16 cargos. Sucede que, además de rebajarse el número total de cargos de confianza, ha aumentado de cinco a siete el número de grupos a repartir.

TAREAS ORDINARIAS

Otro de los argumentos que esgrime el equipo de Colau para hacer esta distribución es que entre los 62 eventuales que se atribuye el gobierno hay personas que ya trabajaban en el consistorio con esta misma consideración laboral de eventuales. Se trata de personal de la Síndica de Greuges, además de técnicos de prensa, documentación y protocolo. Son una veintena de personas que realizan tareas ordinarias "pero no son asesores del gobierno ni de confianza política", según el gobierno local.

La propuesta que ahora está sobre la mesa, recalca BC, asigna "uno de cada tres asesores a la oposición", lo que según sus cálculos supondría un 33%, mientras que en el anterior mandato era del 26%. El ejecutivo de Colau insiste en que está manteniendo reuniones con el resto de grupos de la oposición de cara a ajustar esta nueva distribución, que se tratará en la junta de portavoces de esta tarde. Si no hay acuerdo, la alcaldesa podría firmar por su cuenta este reparto, pero supondría un obstáculo para negociar luego la formación de las comisiones y de los distritos, o la espinosa cuestión de la rebaja de los sueldos de los ediles, que se promete complicada.