La Mina entierra el plan de realojo del 'bloque maldito'

Quince años aguardando una mudanza que finalmente verán hacer a otros. Después de que las autoridades de La Mina descartaran el derribo del edificio Venus y el realojo de sus vecinos en viviendas nuevas por no alcanzar un acuerdo sobre la cantidad a aportar, los vecinos del bloque han visto llegar el golpe de gracia a sus deseos de una nueva vida. Planes que se esfuman después de que el Consorci de La Mina -integrado por la Generalitat, la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos de Sant Adrià y la capital catalana- haya cedido a la Agència de l'Habitatge 236 pisos de la promoción inicialmente destinada al realojo. Una medida que abre la promoción a otras familias y da un portazo a las expectativas de Venus. Números cantan: si al total de 422 viviendas de la promoción se restan los más de 120 pisos ya habitados y los 236 cedidos, queda una sesentena disponible. Del todo insuficiente para las 244 familias de Venus.

«El Consorci decide sin escuchar reclamaciones de años y años. Es frustrante, pero la chapuza de condiciones que ofrecían es inaceptable», explica Paqui Jiménez, portavoz de la Asociación de Vecinos de La Mina. Condiciones que incluyen la cesión del piso de Venus para que el consorcio lo alquile a terceros, y un alquiler que oscila entre los 75 y los 225 euros, «según los ingresos», con los gastos de comunidad incluidos, detalla Gregori Belmonte, vicepresidente del consorcio. La compra se fija en una aportación de 34.000 euros, para superficies similares.

Jiménez discrepa del baremo y reclama el traslado «a coste cero» por «tantos años bloqueados», en un edificio «que está de la mano de Dios», en el que nadie invirtió al dar por sentado que iría al suelo. «Lo que era una mudanza de ensueño es ahora un bloque maldito por culpa de los políticos», lamenta. Óscar Serrano, abogado del Col·lectiu Ronda que representa a los vecinos, ahonda en la controversia por la tasación: «Un piso de Venus se valora en unos 85.000 euros y, en la misma calle, pisos similares de otros bloques por 120.000».

VULNERABILIDAD

Los vecinos refuerzan sus tesis con el dictamen del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que acusa a las administraciones de «falta de voluntad», al eludir una actuación, la del derribo y realojo, que en su día se justificó por «motivos de respeto a personas vulnerables». Ribó pide que se valore «caso por caso» y se pacte el realojo en las condiciones que cada familia pueda afrontar. Solo 27 de 244 familias han aceptado la propuesta del consorcio.

«Sabemos las dificultades de los vecinos, pero realojar a coste cero implica un desembolso inasumible de 27 millones», dice Belmonte. Serrano denuncia que «la degradación y el incivismo» se han acrecentado con tanta espera: «La ley impide hacer obras que revaloricen una propiedad a expropiar. La situación es límite; ¿qué van a rehabilitar?».

DETERIORO

La falta de acuerdo tras cinco años de negociaciones decidió al consorcio a iniciar el trámite de desafectación del edificio, suspender el derribo y plantear un proyecto de rehabilitación y otro de intervención social. Pero los vecinos no cejan en su empeño y esperan «que se haga justicia». «¿Quién iba a comprar un piso a expropiar? Nadie se ha preocupado por el mantenimiento en estos años y todo está muy deteriorado. ¿Esta es La Mina que quieren ?», expone Jiménez.

Belmonte replica que la Administración asume el mantenimiento y sufraga luz, agua y ascensor, «pese a 200.000 euros de deuda de parte de la comunidad». «Aún tienen cinco meses para acogerse a las condiciones, pero ya no hay negociación. Mucha gente busca hogar y no tiene sentido que haya vacíos pisos», zanja. Y defiende la llegada de nuevas familias «para fomentar la mezcla social», revitalizar el barrio y sacudirse «el estigma social que se le asocia».

Los vecinos de Venus, en cambio, no dan por cerradas las negociaciones, pese a sentirse «decepcionados» con la apertura de la promoción a terceros. Por ello, proponen que sea el Síndic el que medie en el conflicto para alcanzar un pacto. Y si las posiciones siguen irreconciliables, Jiménez anuncia nuevas movilizaciones vecinales, e incluso abordar la vía judicial para que más de 15 años de espera «hayan servido para algo».