Más de 6.000 habitaciones turísticas en pisos tendrán que ser reguladas fuera del PEUAT
Nadie conoce con plena exactitud la cifra de camas turísticas en Barcelona. El controvertido plan especial urbanístico de alojamiento turístico (PEUAT) que podría aprobar hoy el ayuntamiento ordenará el crecimiento de la ciudad partiendo de un censo de 142.053 plazas reconocidas, entre establecimientos tradicionales y pisos turísticos. Pero al menos 6.000 habitaciones (con el doble de plazas) para turistas en pisos particulares quedarán fuera de este paraguas, pendientes de que la Generalitat reconozca este año esta figura turística alegal en la actualidad. El colectivo, que reivindica la llamada economía colaborativa como alternativa integradora del turismo, teme no tener cabida en un mapa de camas planificado al milímetro.
El plan especial no obrará milagros porque se implantará en una ciudad con al menos 6.000 pisos turísticos ilegales anunciados (cada uno de múltiples plazas) y con otras tantas habitaciones por días en domicilios particulares -en auge- que hasta ahora no estaban reconocidas ni inspeccionadas. Esta fórmula se basa en dormir en casa del titular empadronado de la vivienda, usando solo una parte de esta, como huésped. De ese modo, y bajo control del anfitrión, el viajero nunca genera molestias vecinales. Entre ambas, suponen entre un 23% y un 27% de la oferta de camas de la ciudad que funcionarán de momento sin seguir el guión oficial.
El 'home sharing' o la economía colaborativa lleva años en boga en otros países, pero aquí llegó de sopetón con el boom turístico. El proyecto de decreto de Turisme prevé reconocer este modelo de alojamiento, como ya se anunció el año pasado, limitando a dos habitaciones en alquiler y a un máximo de 31 días seguidos. Serían "viviendas de uso turístico cedido por habitaciones", una etiqueta y condiciones que no gustan a los afectados, que no quieren formar parte del "alojamiento profesional", aunque sí aceptan pagar tasa turística y sus correspondientes impuestos por estos ingresos, señala Dámaris Rojas, presidenta de Veïns i amfitrions de Barcelona, VIA, con más de 600 asociados.
Al no haber registro no hay datos certeros, pero la mayoría de anuncios se canalizan vía Airbnb, cuya oferta oscila entre los 6.400 anuncios de habitaciones por días (noviembre) y casi 5.900 (diciembre). Otras fuentes aluden a más de 4.000 operadores, aunque algunos tienen en activo varias habitaciones.
POSICIONES OPUESTAS
El Govern ha recibido 38 escritos de alegaciones referidas a las habitaciones, con posiciones tan opuestas que son díficiles de integrar en la normativa final. Fuentes de la Agència Catalana de Turisme señalan que hay afectados que defienden la liberalización total de la actividad por formar parte del ámbito privado, mientras que desde el sector empresarial se reclama un "trato igualitario" para cualquier operador.
El proyecto de decreto aún tiene pendientes informes preceptivos, pasar por un consejo técnico de gobierno, por la Comissió de Govern Local, el Consell de Treball Econòmic i Social, así como los informes jurídicos y la Comissió Jurídica Assessora, lo que se alargará aproximadamente hasta julio. Después, se establece que los ayuntamientos prevean vía ordenanza esta modalidad de alojamiento.
La gran pregunta es cómo encajar la actividad en un PEUAT basado en densidad de camas turísticas y fronteras por zonas. Los operadores particulares temen que si pasa a considerarse una fórmula de alojamiento con número de registro, podrían estar limitadas o prohibidas en las zonas saturadas, pese a llevar años en activo en ese limbo legal. Cabe recordar que Ciutat Vella apenas admite 600 pisos legales en su territorio.
El ayuntamiento no ha tenido a los anfitriones entre sus preocupaciones turísticas porque la convivencia con el turista suele ser fluida estando tutelada. También porque lleva las divisas de los viajeros a los hogares, generando una nueva redistribución de esos ingresos. Pero en cuanto el decreto se formalice tendrá que asumir su ordenamiento.
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