Mano dura del Govern contra los pisos turísticos sin registrar

Una nueva ofensiva contra la comercialización de apartamentos turísticos ilegales está a punto de comenzar, con el reto de sancionar por partida doble a los portales que los anuncian y a los propietarios de pisos de alquiler por días que no exhiban con claridad su número de registro. La medida impulsada en febrero por la Generalitat para obligar a los comercializadores on line a exigir la identificación que acredite su legalidad ya ha sido difundida durante varias semanas. La Direcció General de Turisme empezará en las próximas semanas a tomar medidas contra quienes no cumplan este requisito, que facilita enormemente la detección de pisos no autorizados para la actividad. Hasta ahora había que realizar pesquisas caso por caso para detectar una ilegalidad.

El número de inscripción en el Registre de Turisme de Catalunya (RCT) debe ser exhibido junto a cualquier anuncio de apartamentos por días. No hacerlo implica multas, aunque la vivienda tenga la correspondiente licencia. No obstante, la iniciativa pretende hacer aflorar con claridad la oferta sin regularizar, destacan fuentes del departamento. Para ello, se castigará tanto al anunciante o portal como al propietario que no siga las nuevas reglas del juego. La ley de turismo de Catalunya establece sanciones que van de los 3.001 a los 30.000 euros.

La persecución física de los pisos sin regular es muy compleja porque requeriría un ejército de inspectores, de modo que Turisme ya inició en el 2013 el rastreo de 2.000 portales que publicitan esta pujante actividad turística, solicitando información de los inmuebles, pero el proceso era muy farragoso hasta ahora.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene la potestad de perseguir esta actividad, pero hasta la fecha actúa esencialmente si hay quejas vecinales o el Gremi d'Hotels de Barcelona detecta casos irregulares. Los titulares de pisos que reciben las llaves (equivalentes a estrellas) que acreditan su categoría también son invitados a informar al respecto. Pero la prioridad municipal es por ahora que el máximo de viviendas de este uso se regularicen (solo están vetadas nuevas licencias en Ciutat Vella) para evaluar el volumen real y su impacto.

La iniciativa del Govern, no obstante, prima el control de las webs, como grandes propulsoras del fenómeno, tanto en Barcelona como en el resto de Catalunya.

SOLO UNA COMUNICACIÓN / Al margen de la actividad ilegal, hoy por hoy la única forma de control natural de la oferta es a través de los estatutos de las comunidades de vecinos, que expresamente la prohíban. Una medida que prolifera en la ciudad, como avanzó ayer este diario. La regulación por otras fórmulas, como la planteada por la Confederació Empresarial d'Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalu-nya, que aboga por exigir la autorización expresa de los vecinos, en lugar de la mera comunicación tiene escasas posibilidades de prosperar. La patronal catalana de apartamentos turísticos, Federatur, expresó ayer su total desacuerdo y rechazó la idea de agrupar esta actividad en edificios, como se está haciendo en Ciutat Vella, donde se ha propiciado la especulación más voraz. En cambio, sí defienden la iniciativa del registro para poner en evidencia la ilegalidad y garantizar la calidad de la oferta de alojamiento, indica su presidente, Lluís Torrent. Desde Barcelona, en la asociación Apartur indican que la medida es válida, pero hace falta tiempo para implementarla. Ellos ya han enviado una circular informativa a los asociados.

Turisme no tiene potestad para variar los requisitos, que dependen del código civil y la ley de propiedad horizontal, y que además entraría en conflicto con la directiva europea de servicios al limitar la actividad económica. De hecho, el mecanismo de la comunicación a los vecinos es el mismo que ejecuta para abrir otros tipos de empresas en edificios residenciales.