Los desalojados del Poblenou demandarán al Gobierno

La Asamblea de Solidaridad con los Desalojados de los Asentamientos del Poblenou anunció ayer que presentará un contencioso administrativo contra el Gobierno central por la «arbitrariedad» con la que aplica la ley de extranjería. El Ministerio del Interior no ha aceptado ni uno de los 63 recursos presentados por el colectivo después de que las 63 peticiones de regularización de papeles fueran también denegadas. «Hemos hecho un gran esfuerzo para reunir toda la documentación que se nos solicitaba. Teníamos el arraigo y el padrón, es muy injusto que nos denieguen los permisos», apuntó ayer en rueda de prensa Younouss Dramé, uno de los inmigrantes que habitaba en las naves del Poblenou.

Según explicó ayer un grupo de antiguos habitantes de los asentamientos del barrio, más de un año después del desalojo de la nave de Puigcerdà -la mayor de todas, en la que vivían más de 100 personas- muchos han abandonado los alojamientos que les ofreció el ayuntamiento cuando se quedaron en la calle. «En los albergues y pensiones no podíamos trabajar, nosotros vivimos de la chatarra. Teníamos techo, pero ninguna posibilidad de ganar dinero para enviárselo a nuestras familias. Por eso poco a poco nos hemos ido buscando la vida», explicó uno de los 63 jóvenes a los que se les ha denegado el permiso de residencia, quien añadió que muchos han optado por volver a ocupar espacios.

Además del contencioso, que presentarán en breve, el colectivo ha escrito al Defensor del Pueblo para que presione al Gobierno, y la próximo semana visitarán al Síndic de Greuges con la misma intención. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona lamentaron ayer que el Gobierno central haya denegado los permisos a estas personas después de todo el esfuerzo y el tiempo dedicados a reunir la documentación.

LAS CIFRAS / Tras los desalojos masivos, el municipio impulsó un plan que se basaba en tres aspectos: el alojamiento, el trabajo y la situación legal. El primer punto quedó resuelto ofreciendo albergues, pensiones o pisos compartidos, en los que quedan 81 personas, de las más de 160 que empezaron. La oficina municipal del plan de asentamientos, por su parte, ha regularizado a 18 personas usuarias de este servicio.