Los clubs cannábicos acusan a Trias de criminalizar el sector

Desasosiego, inquietud y una cierta sacudida emocional. Justo las sensaciones opuestas que experimentan al fumar cannabis. Ese estado de desazón es el que impera entre los miembros de las asociaciones cannábicas de Barcelona una vez conocidos los planes del consistorio para regular la actividad del sector. La intención de no permitir estos clubs a menos de 150 metros de espacios públicos y privados con uso habitual por parte de menores, que se saldará con el cierre de un centenar de los 123 locales de la ciudad según las estimaciones municipales, indigna a las entidades, que coinciden en catalogar los planes como «desproporcionados» y una «injusta criminalización del sector».

Desde la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), su presidente, Jaume Xaus, apunta a una estrategia de «propaganda electoralista y moralista» que «no aborda con realismo la necesidad de regular la actividad de los clubs». Gabriela Sierra, coordinadora y portavoz de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autorregulades de Catalunya (Fedcac), coincide: «Se acercan elecciones y [el alcalde, Xavier] Trias ha querido su titular». Sierra muestra su sorpresa por una iniciativa «que no soluciona nada». «No se aplican criterios de salud, ni de seguridad, ni se respetan los derechos de los ciudadanos de estas asociaciones», aduce.

IMPACTO / Desde su exilio en Cornellà, David Oriol Mora, presidente del club THC, observa las consecuencias de la iniciativa. El suyo fue uno de los clubs que no superaron la campaña de inspecciones que aplicó el consistorio barcelonés el verano pasado y optó por instalarse en el Baix Llobregat. Hoy se alegra tras comprobar «el doble rasero» de Barcelona. «¿Por qué se aplican distancias de al menos 150 metros a recintos frecuentados por menores para los clubs cannábicos y no para bares, pubs o after hours? ¿Cuántos bares hay junto al patio de un colegio? ¿Acaso el alcohol es una droga más blanda que el cannabis?», espeta.

El plan que hará público hoy el ayuntamiento impacta a las asociaciones por lo imprevisto de una decisión que «no tiene en cuenta el trabajo que se desarrolla en el consejo sobre drogodependencias de la Diputación de Barcelona», expone Xaus. Allí están representados los clubs, Salut, entidades del tercer sector y representantes políticos. Se trabaja en un «modelo de autorregulación» con normas consensuadas que concilian los derechos de sus socios con los de los vecinos, explica Xaus. Y subraya que las asociaciones impulsan códigos de buena conducta que preservan la salud de los trabajadores, alejados de la zona de humo, o el veto de fumar en la calle.

Prácticas que persiguen reforzar la seguridad jurídica de los clubs y de sus socios, y evitar que estos «deban acudir al mercado negro» donde se pierden las garantías de salubridad y calidad de las sustancias, según Sierra. Mora subraya que la demanda de consumo no bajará y que el usuario se verá «desamparado» y deberá volver al «trapicheo ilegal de mafias y delincuentes». «Además existe el riesgo de que se creen  monopolios», añade Sierra. «Me gustaría saber cuánto ha aumentado el tráfico de drogas desde que se inició el cierre de clubs», dice Mora.

La portavoz de la Fedcac tampoco entiende que se aplique el mismo criterio para todos los barrios «de una ciudad con tantas diferencias». Todos coinciden en cuestionar que la «estrategia de Trias» se salde con más votos, puesto que creen que la mayoría de la sociedad avala una regulación, no un cierre. Y confían en el apoyo de la mayoría de la oposición, y en la posibilidad de que prosperen sus recursos administrativos o hipotéticas demandas judiciales.

LEGALIDAD / Martí Cànaves, abogado penalista miembro de la comisión de drogas del Colegio de Abogados de Barcelona, considera que es una norma «discriminatoria» respecto a otros locales como estancos o bares. «Las asociaciones pueden recurrir la norma ante un tribunal contenciosoadministrativo o elegir la vía penal por vulnerar su derecho a la asociación», expone.

Blanca Gifre, especialista en Derecho Administrativo, considera muy improbable que prosperara un recurso en que el derecho a la asociación entrara en colisión con los derechos de los menores. El abogado penalista Jordi de Tienda advierte de que es la Generalitat la que debería impulsar una norma genérica en todo el territorio, dadas sus competencias. Y no apuesta por que un juez se pronuncie a favor del recurso de una asociación: «El ayuntamiento tiene todo el derecho a legislar y reglar esta y las actividades que considere en su territorio».