Las seis principales ciudades metropolitanas ven insuficiente la nueva ley de vivienda

Los alcaldes de las seis principales localidades metropolitanas, cinco de ellas las más pobladas de Catalunya, han comparecido este miércoles en el Ayuntamiento de Barcelona para denunciar que el proyecto de ley de vivienda que será tramitado en breve en el Parlament y que se ha planteado para sustituir la ley 24/2015, impugnada por el Gobierno de Mariano Rajoy y suspendida por el Tribunal Constitucional, resulta insuficiente y da la espalda en parte a la Administración local, que es la que se ve obligada a afrontar el problema día a día sin contar en muchos casos con los recursos necesarios para ello.

Ada Colau (Barcelona), Núria Marín (L’Hospitalet), Dolors Sabater (Badalona), Jordi Ballart (Terrassa), Juli Fernández (Sabadell) y Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet) han mantenido un encuentro antes de denunciar públicamente que aprecian lagunas en la nueva norma y que consideran que no están siendo escuchados como debieran, pese a que será esa ley a la que se tendrán que aferrar para afrontar la emergencia habitacional, que ven creciente.

LÍMITE A LOS ALQUILERES

De forma general, los alcaldes tienen una demanda general, la de ser escuchados y que las alegaciones que han presentado a la ley sean contempladas, algo que ha pasado solo parcialmente. En particular, les preocupan tres aspectos. Uno es que la nueva ley no contemple la legalización de las ocupaciones de familias vulnerables en pisos de grandes tenedores. Es un hecho que en Catalunya hay miles de familias en esta situación, muchas de ellas en el piso que en su día compraron, cuya hipoteca dejaron de pagar por falta de recursos, y al que han regresado patada en la puerta mediante, si es que se llegaron a ir.

Los alcaldes piden que se regularice la situación de estos casos, lo que permitiría acceder con normalidad a los servicios, o se garantice el realojo de los ocupantes.

El segundo aspecto que señalan es el de los alquileres: piden que se imponga un límite a precios abusivos en casos de viviendas de grandes tenedores. Colau llama desde hace tiempo a limitar las rentas por ley. Es algo que de forma general se antoja muy difícil, pero no tanto si se limita a estos casos.

Por último, los alcaldes consideran insuficiente el presupuesto previsto para acompañar la ley: 14 millones de euros al año, de los que la Generalitat pondrá una mitad y los ayuntamientos, la otra.

102 DESAHUCIOS EN CINCO DÍAS

Colau ha subrayado que la emergencia habitacional no se reduce, y ha puesto como ejemplo que en Barcelona, la semana pasada, estaban previstos 102 desahucios en cinco días. De ese total, ha dicho, solo seis se consumaron, y el ayuntamiento garantizó el realojo de las seis familias afectadas.

“Nos hemos sentido muy solos ante las consecuencias de la crisis. Prácticamente, en solitario. La nueva ley no nos da los instrumentos que necesitamos”, ha lamentado Marín.

Dolors Sabater, que ha cargado contra el Gobierno central por impugnar la ley 24/2015, también ha hablado de la dificultad que sufren los ayuntamientos: “Somos la última Administración, la que está a pie de calle, pero a la vez somos los que tenemos menos recursos y menos capacidad para tomar decisiones”.

UNIDAD

“Es importante una imagen de unidad para reclamar valentía al Govern y al Parlament”, ha afirmado Ballart, que ha recordado que las ocupaciones de pisos de entidades bancarias han sido de algún modo toleradas, lo que contrasta con que después estas entidades no hayan querido regularizar la situación, lo que entraña riesgos potenciales, como los asociados a pinchar la luz directamente de la red.

“Los ayuntamientos no hemos generado esta situación pero nos tenemos que hacer cargo de ella. Necesitamos recursos para hacerlo”, ha subrayado Fernández. Parlon ha explicado que en Santa Coloma la semana pasada había previstos 12 desahucios, que el consistorio pudo detener en su totalidad. “Los ayuntamientos estamos al límite porque llevamos mucho tiempo abordando esta situación de emergencia habitacional. Eso genera un estrés contínuo y continuado, mucha presión sobre los servicios sociales”, ha resumido la alcaldesa.